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Con el objetivo de analizar los criterios y tendencias en la inversión en infraestructura territorial en los últimos años en Chile, y en base a eso proponer lineamientos e indicadores que ayuden a priorizar estratégicamente la inversión, cuatro académicos de la Universidad Católica elaboraron el artículo “Descentralización e inversión pública en infraestructura: propuestas para priorizar brechas de desarrollo territorial a nivel subnacional”, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC.

Felipe Irarrázaval, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC y coautor del estudio, comentó en el podcast Diálogos de la Agenda Pública algunas conclusiones observadas respecto al avance nacional en este ítem. “Si comparamos en materia de infraestructura el país de hace 20 años con el actual, concluimos que hay un avance importante. El tema que merece ser revisado es cómo esta infraestructura se divide al interior del territorio nacional y qué estamos haciendo para que esta inversión permita un desarrollo territorial inclusivo para las distintas localidades del país”. El también coautor del documento, y profesor del mismo Instituto, Arturo Orellana, aclaró la postura de los autores respecto a la ejecución de la inversión: “No queremos decir que el país no invierte en infraestructura desde el punto de vista de escala nacional adecuada, lo que pasa es que cuando la materializa en las regiones lo hace con decisiones que no tienen nada que ver con la estrategia regional de desarrollo”.

Para abordar dichas falencias, el documento entrega tres grandes propuestas. La primera, y guía de las siguientes, es el planteamiento de la necesidad de avanzar en la elaboración de planes a mediano y largo plazo que orienten la inversión pública en infraestructura. Se establece que para aquello se deben concertar direcciones, independiente del gobierno de turno, que guíen este proceso. Es decir, tener entidades independientes que se encarguen de generar estos planes. 

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En segundo lugar, y orientado al primer desafío, se propone que estos planes de inversión se basen en brechas de infraestructura territorial que permitan priorizar los lugares y dimensiones más rezagadas. En el trabajo, por ejemplo, se empleó el índice ISI, pero hay otras alternativas que se pueden utilizar. Lo relevante es que dichos índices se encuentren desagregados geográficamente, sean medibles y comparables en el tiempo, y sean transparentes, tanto para los actores políticos involucrados como la ciudadanía. 

Por último, los autores plantean que es muy importante que los planes se orienten territorialmente y no de manera sectorial. Es decir, que no sea el plan de inversión de la Dirección de Obras Públicas, sino que sea nacional, donde participen todos los ministerios y niveles de gobierno, y que se enfoque en regiones, provincias y comunas. Un ejemplo de aquello son los pactos territoriales de Colombia, los que afianzan la descentralización y se articulan en un plan multianual de inversión en función de 20 metas desagregadas geográficamente. Otra referencia mencionada por los autores es el fondo regional de la Unión Europea, donde cada seis años se definen nuevos planes de inversión, los que se orientan según el PIB per cápita de las regiones.

“Estas tres propuestas están contenidas en distintas recomendaciones que le han hecho al país instituciones como la OCDE y la Cepal, en tanto consideran que la institucionalidad del país en materia de inversión pública no está preparada para promover un desarrollo territorial inclusivo y sustentable”, estableció Felipe Irarrázaval. Son también autores del documento los académicos Diego Díaz, de la Escuela de Gobierno, y Daniel Moreno, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica.