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Estos ya cuatro meses que han pasado desde que el mundo, y dentro de él, nuestro país, fue afectado por una pandemia de características insospechadas, ha hecho repensar qué modelo de desarrollo, y qué lugar debe ocupar el bienestar social y económico de nuestra población. Desde que se decretó el estado de emergencia, la emergencia sanitaria y las cuarentenas en distintas localidades de nuestro territorio nacional, se han levantado voces que piden que el Estado de Chile, por primera vez, se haga presente en la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas, que apoye con medidas sociales y económicas aquellos grupos vulnerables o a la llamada “clase media” con medidas de emergencia que les permitan tener un nivel de vida óptimo, y que garantice que los consumidores y consumidores tendrán protección y acceso a los bienes y servicios básicos que les permitan tener una buena calidad de vida.

El asunto es que, si realizamos una revisión rápida de lo que ha sido la gestión, en esta materia, del gobierno, de los y las parlamentarias, y de otros estamentos fundamentales del buen funcionamiento democrático de nuestro país, nos percatamos que éste ha sido errático, con desconexión de las problemáticas y demandas ciudadanas, pero, por sobre todo, tardío a la hora de discutirse e implementarse.

Así, tenemos discusiones emblemáticas que se levantaron desde el primer día del estado de emergencia, que no se abordaron y solucionaron como correspondía, y que tiene que ver con el cobro de los servicios básicos domiciliarios, y la dificultad que podría existir en su pago a raíz de la pérdida de empleo, o de la “suspensión del contrato de trabajo”. Esto ha provocado que, mientras se sigue midiendo el pulso político, inclusive con veto presidencial de por medio sobre quién tiene la razón, aún millones de ciudadanos y ciudadanas no tienen una solución concreta en este sentido, y siguen teniendo el problema de pagar cuentas que, por un lado, se han incrementado debido al sobreconsumo dado que más personas hoy están más en sus hogares o, por el otro lado, a la mala facturación, presentándolo como un “pequeño error”.

Otro problema tiene que ver con la ayuda que el Estado definió otorgar a sus habitantes, la cual se definió entregar en una modalidad de crédito (endeudamiento), no comprendiendo que hoy las personas, bajo el contexto actual, han debido dejar de pagar sus obligaciones crediticias por no tener suficiente dinero para responder a ellas, por lo cual pretender aumentar más aún su carga financiera, en vez de buscar alguna fórmula real que permita mantener o bajar su endeudamiento, es finalmente profundizar el gran flagelo del sobreendeudamiento, no permitiendo tener un alivio, tanto financiero como mental, sobre todo lo que está aconteciendo.

Por otro lado, según un estudio del Servicio Nacional del Consumidor, reclamos por problemas en el comercio electrónico se han incrementado en un 200% en este periodo de pandemia. Frente a esta situación, no se ha avanzado en una propuesta concreta que abarque y solucione este tipo de problemas, sino sólo se ha hecho una alocución sobre futuras fiscalizaciones o acciones administrativas o judiciales que se llevarán adelante, pero difuminándose en el aire cuando los días avanzan.

Si bien los consumidores y consumidoras hemos recibido algunas noticias, estas últimas semanas, que nos podrían parecer “buenas”, como lo es la publicación de la Ley N°21.234, mejor llamada “ley de fraudes bancarios”; y la Ley N°21.236 sobre portabilidad financiera; hay otras que podrían ser mejores, como lo es el proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores (boletín N°12.409-03); sobre consagrar la imprevisión como excepción de pago y de cumplimiento contractual (boletín N°12.348-03); y sobre varios proyectos de ley que buscan regular el incremento, modificación, suspensión de los planes de salud que las Isapres podrían realizar en tiempos de pandemia (boletines N°13.502-11; 13.503-11; 13.504-11); entre otros temas.

Acá el llamado y reflexión que desde el movimiento de consumidores y consumidoras organizados realizamos es que se debe poner en el centro de la discusión el bienestar y satisfacción de las necesidades de las personas por sobre cualquier otro aspecto; que no puede ser que existan lugares donde no hay conectividad, hay escasez de alimento, cortes o no prestación de servicios esenciales por falta de pago, y un abandono total del Estado frente a esta situación mundial que ha golpeado tan fuertemente a toda la humanidad, y que nos ha llevado a reflexionar si aún seguiremos creyendo que el individualismo es la forma de progresar, o de una vez por todas aportaremos a la colectividad como el nuevo modelo de desarrollo a seguir.