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El cerco judicial que se ha creado en torno a la figura del ex Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba, ha reabierto el debate respecto de la relación que tiene el Estado con sus Fuerzas Armadas y los mecanismos de control que existen para evitar que surjan escándalos de corrupción de este tipo.

Durante los últimos días, el ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones. a cargo de la investigación del Fraude al Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre, Omar Astudillo, ha recibido una serie de informaciones acerca del patrimonio de militares en retiro y servicio activo, entre ellos el general (r) Fuente- Alba.

Recordemos que Fuente-Alba era el principal responsable del manejo de estos recursos porque le correspondía asignar esos fondos en la institución, que son entregados por medio de un decreto supremo por el cual se autorizan estos pagos. El ministro Omar Astudillo, solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) una serie de antecedentes y un perfil patrimonial e impositivo de los militares; entre ellos, los altos oficiales que estaban a cargo de la asignación de fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Entre los antecedentes requeridos destacan rentas, ingresos, los bienes muebles e inmuebles, inversiones como fondos mutuos, iniciaciones de actividades ante el fisco y las sociedades de las que son parte.

El integrante de la comisión investigadora sobre el Fraude al Ejército de la Cámara de Diputados, Jaime Pilowsky, detalló los antecedentes que ellos pudieron recabar de Contraloría, “solicitamos a la Contraloría que nos enviara las declaraciones de patrimonio e intereses del general Fuente-Alba y nos encontramos con un abultado patrimonio en materia de bienes raíces que resulta difícil de explicar para una persona que gana 4 millones de pesos mensuales”, explicó.

Pilowsky aclaró que de todas formas no tienen antecedentes que puedan vincular el enriquecimiento de Fuente-Alba con el fraude que sufrió la institución, por lo mismo, se hace necesario, a su juicio, que el ex comandante en jefe acuda a la comisión a explicar lo sucedido.

El parlamentario adelantó que citarán, nuevamente, al general (r) Fuente-Alba a la comisión que integra para que aclare estas dudas, “todos los generales de la República han ido a la Comisión Investigadora, el único que se ha excusado ha sido el general Fuente-Alba, nosotros lo volveremos a citar, eventualmente, para el próximo 16 de mayo”.

De todas formas, Pilowsky considera que este tema reabre el debate respecto de una nueva forma de financiamiento para las Fuerzas Armadas que termine con la entrega de recursos a través de la Ley Reservada del Cobre.

A propósito de este tema, de acuerdo a información que trae La Segunda, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez informó a sus colaboradores que no acudirán ante la Corte de Apelaciones para interponer un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución adoptada el 29 de marzo por el Consejo para la Transparencia que obliga a entregar el texto de la Ley Reservada del Cobre.

Recordemos que la subsecretaría de las Fuerzas Armadas se había negado a entregar la información argumentando que “la divulgación del texto solicitado afectaría a la seguridad nacional, toda vez que los recursos destinados a través de la referida ley, tratan sobre la adquisición de material bélico y equipamiento militar”.

Al respecto, el Consejo para la Transparencia determinó que “no se aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado, de manera que no se justifica alterar la regla general de la publicidad administrativa ni afectar el derecho de acceso a la información administrativa, máxime si ello supone el control social de una contratación pública”.

Ex comandante Fuente-Alba: “Mi patrimonio lo he obtenido legítimamente”

A través de un breve comunicado, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba reafirmó su inocencia frente a las investigaciones sobre su patrimonio y aseguró que dichas indagaciones si iniciaron por “informaciones falsas”.

El uniformado sostuvo que “jamás he hecho mal uso de los recursos fiscales. Mi patrimonio es fruto de 44 años de servicio, del trabajo de mi familia y lo he obtenido legítimamente. Así lo demostraré ante los tribunales de justicia del país y en todas las instancias que correspondan”.

Cabe mencionar que el ex comandante en jefe está siendo asesorado por la consultora Imaginacción, de propiedad del ex ministro de Patricio Aylwin, Enrique Correa.

En tanto, desde la Comandancia en jefe del Ejército, también a través de un comunicado, se desmarcaron de la situación que está viviendo el ex líder del Ejército al calificar sus actos como “estrictamente personales, los que, de comprobarse, se apartarían absolutamente de los códigos de conducta que sustentan nuestra ética profesional”.

“Bajo ninguna circunstancia se amparan situaciones que puedan ser constitutivas de delitos. Sin embargo, la Institución es respetuosa del derecho de presunción de inocencia de las personas involucradas y reitera que son los Tribunales de Justicia los responsables de investigar y esclarecer los hechos”, señalaron.

Sobre la posibilidad de que integrantes del Ejército manejen información relativa a actos delictivos al interior de la institución, aseguraron que “si resultan ser miembros activos, tienen la obligación legal de poner los antecedentes en conocimiento de la justicia. Este tipo de conductas daña gravemente la disciplina militar, atributo esencial y fundamental para el desarrollo de cualquier actividad militar”.

Finalmente, defendieron la política de transparencia que lleva a cabo el actual comandante Humberto Oviedo, quien fuera acusado por parlamentarios de omitir información en su declaración de patrimonio, y destacaron su “permanente” colaboración con la justicia.

Catalina Gaete: “Hay que terminar con los privilegios presupuestarios de las FF.AA.”

Por su parte, la periodista Catalina Gaete, que se ha especializado en temas de Defensa, sostuvo en conversación con Radioanálisis, que “es natural” que a partir de las investigaciones del “Milicogate”, se conozcan antecedentes de enriquecimiento ilícito de altos oficiales.

La periodista agregó que “es necesario que se avance en conocer qué es lo que ocurre con las otras ramas de las Fuerzas Armadas”, donde se podrían encontrar nuevos casos de malversación de fondos, “la legitimidad que tiene Chile en el sistema internacional, como comprador, probablemente no requiera un presupuesto como éste, además que suspende procesos democráticos como es la deliberación del presupuesto nacional”.

La autora del libro “Vuestros nombres valientes soldados”, sostuvo que en Chile “la verticalidad del poder en las Fuerzas Armadas ha permitido que aparezcan ciertas irregularidades porque los oficiales son jerarcas en términos administrativos”.

Respecto de la Ley Reservada del Cobre, Catalina Gaete comparte la impresión de que es necesario terminar con “los privilegios presupuestarios” de los cuales gozan las Fuerzas Armadas, “es indispensable revisar el sistema administrativo de las tres ramas de las FF.AA., revisar hacia atrás, porque hay una historia de corrupción que conocemos y al interior del mundo de la Defensa se sabe que este tipo de casos continuarán apareciendo”.

La periodista agregó que es necesario avanzar además en la relación que tiene el Estado con las Fuerzas Armadas y la forma en que son educados los militares que son instruidos con la doctrina que se impuso durante la dictadura militar.

Además sostuvo que se debe revisar la forma en que se eligen a las altas autoridades castrenses, decisión en la cual el mundo civil tiene poca injerencia dado que la figura del presidente debe elegir entre una terna propuesta por las propias ramas de las Fuerzas Armadas tomando como criterio el aspecto militar por sobre el administrativo.