congreso21022015.jpg [9]

La semana pasada tres organizaciones en la región de Aysén de Coyhaique y Puerto Aysén, Pu Ingkakeku Puke Lewfu ( Defensores de los Ríos) la filial de Codeff en Aysén y la Corporación Privada para el desarrollo de Aysén (CODESA), denunciaron ante la Contraloría General de la República, el conflicto de intereses que se habría generado entre el Municipio de Puerto Aysén y la transnacional Energía Austral (interesada en construir la Central Hidroeléctrica Río Cuervo), al haber aceptado el Municipio dineros de la transnacional para financiar actividades comunitarias y comprar un auto para ser sorteado en la semana de Puerto Aysén.

La denuncia se sustenta considerándose que esta relación podría ser ilegal, ya que el municipio es parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que está evaluando la intención y que aún no se ha emitido un informe oficial con la decisión definitiva del Comité de Ministros sobre el tema. Un hecho similar ocurrió con el Municipio de Cochrane y su relación con HidroAysén hace unos años a tras y la misma contraloría dictaminó que era ilegal.

La relación de las transnacionales con las comunidades, organizaciones sociales y municipios, siempre ha tenido matices oscuros en todo Chile. Si no fuese por las organizaciones sociales que se toman el tiempo para denunciar estos hechos, poco y nada se sabría de lo que sucede en este sentido y como HidroAysén, Barrik Gold, Xstrata, Enel, Colbún, Grupo Von Appen, Energía Austral y otras, han utilizado de una forma u otra esta forma de intervención social para intentar lograr sus objetivos y manipular las comunidades.

La estrategia que utilizan es simple; analizan las debilidades y carencias del municipio, atacando sus debilidades, tomando iniciativas de intervención social, asumiendo un rol que no les corresponde bajo ningún punto de vista, que solo le competen al Estado, sobre todo si consideramos que no son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y lo que persiguen es fortalecerse y beneficiarse de las debilidades sociales que encuentran.

Los gobiernos regionales de turno hacen caso omiso de estas problemáticas y los municipios se sienten tentados ante los ofrecimientos, ante lo precario de su realidad; muchas veces por fuera van dineros para que los alcaldes defiendan los intereses de las transnacionales en las instancias de gobierno y discursen sobre los beneficios del proyecto o simplemente para que se re postulen a la alcaldía y no perder el nexo.

Si no hay denuncias desde las organizaciones sociales se las deja hacer; pero eso implica necesariamente aceptar una manipulación ideológica en las mismas entrañas del país en su formato de desarrollo por intereses extranjeros, ante una intención que debe dilucidarse bajo instancias técnicas y profesionales, con el debido resguardo de los debidos estudios que respalden el proyecto y no por intereses de otra índole.

Muchos de los amantes de la economía de mercado seguramente estarán preguntándose, ¡cual es el problema que una comunidad reciba financiación de una transnacional extranjera, porque no aprovechamos la instancia!; el problema radica fundamentalmente que bajo la realidad chilena y la perversa relación existente ante los diversos intereses creados entre políticos, transnacionales, grupos económicos y los gobiernos de turno, tal intromisión significa predisponer. Si se permite la intromisión ante la tremenda desigualdad social y con el centralismo vigente en la toma de decisiones, no es para nada soberano dejar que privados ocupen el rol que le corresponde al Estado y que además financiamos todos los chilenos con el pago de nuestros impuestos.

Lo que preocupa ante esta realidad y no es un tema menor, es que el Ministerio de Energía tiene como estrategia de desarrollo en materia energética, enviar al congreso este 2015 lo que han denominado “ley de Asociatividad”, que permitirá que municipios y comunidades puedan asociarse con las transnacionales para recibir beneficios económicos de los proyectos de desarrollo de intervención territorial.

El gobierno aduce que esta iniciativa es una manera de compensar a las comunidades por la intervención y por las “molestias” que implican los proyectos; a mi lo que me dice en verdad que lo que quieren con la ley es pagar por destruir y eso es altamente peligroso, ya que se perdería la objetividad de la decisión y se echarían bajo la alfombra las diversas implicancias negativas que normalmente son muy destructivas a mediano y largo plazo.

Desde el Ministerio de Energía aducen que nada se haría sin el consentimiento de las comunidades; para ello la ley estipularía la realización de plebiscitos vinculantes. Se imaginan lo que sucedería con un plebiscito vinculante en comunas con grandes necesidades y que las transnacionales con todo el financiamiento con que cuentan de miles de millones de dólares, entraran en la vorágine de una campaña para convencer a la comunidad que su proyecto es bueno y lo que podría ofrecer con tal de lograr sus objetivos, bajo el paraguas de un plebiscito vinculante y una ley de la república que lo sustenta.

De concretarse la intención del Ministerio de Energía y no pongo duda de ello, dada la alta intervención del congreso por parte de las transnacionales; la ley distorsionaría totalmente la realidad y dejaría sin efecto la proyección territorial de la comunidad por logros económicos inmediatos, sin una sustentación real, que en pocas décadas destruirían las regiones aún más de lo que están con esta posible ley.  

Si de verdad el gobierno representado por el Ministerio de Energía quisiera hacer las cosas bien, pensando en el futuro de las comunidades y del país en general y quisiera proyectar con la posible ley de asociatividad un verdadero aporte al desarrollo regional, no habría duda alguna que la ley debería exigirles a las transnacionales o quien quiera que fuese para poder optar a usar la posible ley a tener que cumplir primeramente con una serie de requisitos para poder optar.

El primer requisito según mi punto de vista, sería que los proyectos tendrían que pasar si o si una evaluación ambiental, realizada por un ente independiente y reconocido; que a su vez se creará un consejo mixto de evaluación ambiental comunal, compuesto por representantes de la comunidad, gobierno regional y que los representantes comunitarios contarán con un asesor experto y profesional en el tema. El segundo requisito luego de haber sorteado el primero y no haber dudas; realizar una evaluación seria y transparente de la inversión del proyecto y su financiación, ante los beneficios proyectados y los objetivos que se buscan, con acceso a los porcentajes que la transnacional entregaría a la comunidad de acuerdo con la inversión, construcción y operación. El tercer requisito pasado los dos primeros; realizar el plebiscito vinculante, donde la comunidad decidiera con conocimiento de causa e interiorizada de todos los pormenores del proyecto, los buenos y los malos, si quiere realmente que el proyecto se desarrolle en su comunidad y si están de acuerdo con los porcentajes estipulados. El cuarto requisito, si se aprobara la realización del proyecto; la creación de un consejo permanente financiado por la misma transnacional con representantes de la empresa, gobierno regional, municipio y comunidad, que este constantemente evaluando y fiscalizando la operación y que se da cumplimiento a los acuerdos estipulados.

A decir verdad lo expuesto como propuesta ante la intención del gobierno de llevar adelante la supuesta ley de asociatividad, es solo una utopía que difícilmente se dará; seria demasiado bueno para creerlo, porque de acuerdo con el perfil de nuestros gobiernos, lo que se busca simplemente con esta ley, es legitimar las intervenciones supuestamente “democratizando” la decisión, para poder asumir posteriormente que se ha trabajo con las comunidades y que todo se ha hecho de común acuerdo con ellas y que se ha compensado por ello y poco importa la proyección de vida de las comunidades, su futuro y el desarrollo sustentable de las regiones y del país.

Lamentablemente no es fácil decirlo públicamente, pero no tengo duda alguna que así es y será, entendiéndose que el congreso está intervenido por intereses creados y que a fin de cuentas ellos son los que deciden y nosotros sufrir las consecuencias.