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Lo único que deja en evidencia la nueva cifra de 23 mil dólares de ingreso per cápita de los chilenos es que este índice no sirve para nada sino para comprobar la pavorosa riqueza que se concentra en nuestro país en menos del 1 por ciento o, como señalan algunos analistas, en apenas el 0.01 de la población. Es decir, en unos 18 mil chilenos en una nación que, se supone, ya sobrepasó los 17 millones. Una inequidad espeluznante cuando al mismo tiempo se acepta que más de un  70 por ciento de los trabajadores del país no gana más de 450 mil pesos mensuales y, en plena desaceleración de nuestra economía, los balances de los bancos y de las grandes empresas mineras y de servicios no cesan de aumentar sus utilidades.

Este último ingreso per capita es lo que más debiera avergonzar al conjunto dela política cuando al aprobar, por ejemplo,  una reforma tributaria finalmente lo único que se corroboró es que la recaudación fiscal seguirá proviniendo de los sectores medios y bajos, a través del IVA que grava hasta sus productos de consumo más esenciales. Mientras persisten todo tipo de privilegios y exenciones tributarias (incentivos a la inversión, dicen) para las utilidades de las empresas y los ingresos de los más ricos del país.

Aunque desde La Moneda y el Parlamento todos los días se prometan reformas destinadas a corregir las desigualdades, lo cierto es que poco o nada se mueven las grandes brechas entre los que más tienen, los que poco o nada tienen y los que, para colmo ahora, empiezan a disminuir su poder adquisitivo por los nubarrones de la economía mundial, la inflación y la desvalorización de nuestra moneda y principales exportaciones.  Además de,  para decirlo con franqueza, por la vergonzosa colusión entre la dirigencia de CUT y la clase política, cuyas cúpulas negociaron hace algunos meses un reajuste del salario mínimo vergonzoso en nombre del conjunto de los trabajadores del país en una realidad también bochornosa en que menos de un 15 por ciento está sindicalizado y carece de derechos laborales mínimos.

Además del deshonroso acuerdo tributario pactado en la casa de un empresario, vemos cómo empieza a morigerarse la reforma educacional, al mismo tiempo que los propios secretarios de estado se empeñan en atenuar  las expectativas respecto de la posibilidad de reemplazar el injusto sistema de las isapres y de las AFP que se enriquecen cada día a cuenta de las cotizaciones de la salud y previsionales del mundo laboral. En las últimas semanas, ha sido la Corte Suprema la que ha frenado, ante la molestia de las patronales y algunos políticos, el avance de proyectos de grave impacto ambiental y que no han cumplido con la obligación de consultar el parecer de las comunidades en que ya empiezan a instalarse sin las debidas autorizaciones.

En la insolvencia de algunas autoridades, como en la incertidumbre provocada por ciertas vociferaciones (como aquella de la “retroexcavadora”)  es evidente para los sondeos el deterioro de la imagen del Gobierno y la lamentable consolidación del discurso de la derecha y los sectores más retardatarios. Ideas bien premunidas, por supuesto,  de medios de comunicación y recursos de propaganda para defenderlas y ganar prosélitos.  Gracias a una concentración mediática que tiene fundamento, justamente, en la forma con que los gobiernos de la Concertación favorecieron la impunidad de los grandes medios,  colaboraron a su financiamiento e implementaron una política de exterminio de los diarios y revistas independientes.

Se suceden los escándalos

Parece increíble la forma en que la Jefa del Estado rehúye un pronunciamiento y la definición de un camino explícito que  nos lleve a establecer una nueva Constitución, al mismo tiempo que los parlamentarios discurren más y más obstáculos a una reforma en serio del sistema electoral binominal. En el común temor que les asiste de verse repudiados y reemplazados en una contienda genuinamente democrática. La buena iniciativa de algunos ediles de organizar consultas ciudadanas para resolver sobre asuntos de interés local no se compadece con la renuencia de una gran consulta nacional para darle ánimo a una reforma institucional o una Asamblea Constituyente. Aunque todavía es peor que políticos como el propio mandamás del Partido Socialista demuestren un desinterés desafiante por dotar a Chile de una nueva Carta Fundamental, cuando en el pasado tildaban a la Constitución de 1980, todavía vigente, de antidemocrática en su origen y contenido.

En el periodismo, nos vemos todos los días golpeados por nuevos escándalos de corrupción que esta vez tienen como protagonistas tanto a empresarios y políticos, como resulta de la denuncia sobre los aportes del holding PENTA a un grupo de candidatos. En que, además, habrían cometido diversos ilícitos tributarios. Una nueva denuncia que en pocas horas sumerge ante la opinión pública la colusión de los principales empresarios apícolas, cuanto esa “cascada” de delitos cometidos por un puñado de delincuentes “de cuello y corbata” en contra de los medianos y pequeños accionistas, como de la confianza pública en general. Estafa que también tiene origen en la condescendencia de los gobiernos de la Concertación con esos “empresarios” que se enriquecieron a la sombra de la Dictadura y los defraudes de la propia familia Pinochet, como que el mayor imputado en este caso es, precisamente,  un yerno del Tirano.

Alardes de más y drásticas reformas y denuncias de escándalos que lo de dejan sitio a la política para preocuparse de las demandas concretas de una población afligida por el encarecimiento de los productos alimenticios, por la forma en que un irresponsable vuelca más de 23 mil litros de petróleo en la bahía de Con Con y deja cesantes, de la noche a la mañana, a cientos de pescadores artesanales que concurren al Parlamento a solicitar ayuda. En una sesión que finalmente no se produce puesto que los señores diputados no enteran quórum para la sesión especial que abordaría su drama.  Pavoneos varios de las autoridades que incluso logran aminorar el gravísimo conflicto étnico y social de la Araucanía y que lleva a un necio e ignorante subsecretario a afirmar que lo que hay allí es una “industria criminal”, en el propósito de soslayar la envergadura política del conflicto sureño.  A fin de “bajarle el perfil” a este conflicto histórico en que las policías, sus servicios de “inteligencia”, las autoridades locales y nacionales se ven sobrepasadas totalmente por las justas demandas y formas de lucha de los mapuche.

Toda una realidad política de imposturas, complicidades y fracasos que ya no pueden disimular ante el mundo nuestra precariedad institucional; la insolvencia de una economía monoproductora y especulativa; la corrupción enquistada en nuestras prácticas políticas y empresariales, cuanto el triste deterioro de nuestro liderazgo en el mundo. Devenidos en un país cada día más súbdito de los intereses de la potencia imperial e incapaz de llegar a buen puerto en las relaciones con sus vecinos. Como que ha pasado a ser  el Tribunal Internacional de la Haya el organismo rector o mediador de nuestras controversias limítrofes.

Un deterioro ideológico en que cada vez prospera la decepción, no solo de la política, sino del ideario y del cometido democrático, cuando la actitud dominante de la ciudadanía es el desgano por participar de las elecciones, expresado  cifras constatadas por el Servicio Electoral y que están muy por encima del apoyo que logran en conjunto los partidos y candidatos. Un fenómeno que pudiera explicar, asimismo, lo que revelan las diversas encuestas, cuando señalan a las Fuerzas Armadas y de orden como las instituciones más confiables de la nación, en niveles de aceptación que superan el  70 por ciento, versus los escuálidas cifras de aceptación de los otros referentes institucionales y políticos. Algo que ciertamente no se condice con la convicción que al mismo tiempo tiene el país de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los uniformados y, todavía, en un alto grado de impunidad.