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La sentencia de la Corte-IDH abarca la causa del dirigente Víctor Ancalaf, el llamado caso Poluco Pidenco y el conocido como “caso de los lonkos”, la Corte tomó los tres juicios y los unificó en una sola causa. Sin embargo, en este juicio se condenó a nuestro país por la forma en la que se realizaron los procesos, que se fundaron en una Ley Antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia y se afirmó que las sentencias condenatorias incurrían en “razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios”.

En entrevista exclusiva con Radio Universidad de Chile, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, quien hoy cumple una condena en la Cárcel El Manzano de Concepción en un juicio avalado por la Corte Suprema, pero altamente cuestionado, se refirió al fallo del organismo internacional, su caso particular y otros temas relacionados con la Ley Antiterrorista y las políticas del Gobierno para hacer frente al conflicto en el sur.

¿Cuál es su evaluación del fallo de la Corte Interamericana?

El denominador común de estos tres casos es que los conflictos eran entre comunidades y empresas forestales, ese es un antecedente que habría que dejar en claro. Fueron procesos donde efectivamente se aplicó y se condenó sobre la base de la Ley Antiterrorista, lo que da cuenta de que estamos frente a una situación de indebido proceso de falta de garantías y por lo tanto, la resolución es muy clara al respecto; la violación de derechos fundamentales para los miembros de nuestro pueblo. Nosotros no estamos contentos en un sentido amplio con esto, pero si entendemos que hay una reparación, una mayor comprensión de los organismos internacionales del modo cómo la Justicia trata al pueblo mapuche cuando de criminalización se trata. Vamos a analizar con mayor detención los alcances de este fallo para tomar una postura mucho más acabada.

Se ha dicho que el fallo de la Corte cuestiona la forma en la que nuestro país está impartiendo Justicia, y eso tendría un alcance mucho mayor que estos tres casos en concreto.

Sí eso es efectivo. Una de las razones para tener un pronunciamiento al respecto dice relación precisamente con nuestro caso, conocido como “El Juicio de Cañete”. Para nosotros esta resolución sienta un precedente con respecto a nuestra causa, porque el caso de nosotros también está presentado ante la Corte Interamericana en su fase de admisibilidad en este momento, por lo tanto hay un cuestionamiento, efectivamente, a la figura del testigo protegido, cuestión que es central y muy importante de considerar a la hora de analizar nuestra situación, porque nosotros fuimos condenados sobre la base principalmente del testimonio de un testigo protegido y, por lo tanto, sentimos que se nos ha vulnerado el derecho al debido proceso. Ahora, tanto el fallo como organismos internacionales han sido muy claros al respecto, en decir que no se puede condenar sobre la base de estos testimonios y que si esto ocurre es una falta grave a las garantías, por lo tanto existe un cuestionamiento a la Ley Antiterrorista en el sentido en que todavía se sigue manteniendo esta figura del testigo protegido.

Pero independiente de que sea una figura que se utiliza en el marco de la aplicación de la Ley Antiterrorista también se sigue ocupando en otro tipo de causas contra comuneros mapuche. En nuestro caso hay un antecedente que nos interesa recalcar y volver a denunciar que es que estos casos se presentaron con anterioridad, son hechos situados en el contexto del 2002, 2003. La resolución de la Corte tiene una data de demora de cerca de doce años. Nosotros fuimos condenados a principios del 2010 por un hecho del 2008 y lo presentamos ese mismo 2010 a la Corte. Por lo mismo si hubiera una resolución ésta implicaría cierto tiempo y no sé qué alcances puede tener en el sentido de hacer Justicia ante nuestra prisión política. Pero no es menor el hecho de que sienta un precedente jurídico y a nosotros también nos interesaría que tuviera un alcance también de orden político para ver la posibilidad de los desprocesamientos en el sentido de validar una demanda, una reclamación sobre aquellos casos en que estamos condenados de este tipo de forma.

Entiendo que a raíz de este fallo surge de parte de ustedes un emplazamiento al Estado, ¿no?

Sí, considerando que la condena de la Corte Interamericana al Estado de Chile, particularmente al sistema de justicia, dice relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y al indebido proceso situado en el marco de esta normativa. Ese es un elemento que a nosotros también nos provoca una vulneración de derechos en el Juicio de Cañete, pero el otro tema que agrava la situación del indebido proceso en nuestro caso es el que fuimos doblemente procesados, lo que seguramente la Corte Interamericana va a revisar con bastante detención y hacer un pronunciamiento categórico al respecto, creemos porque entendemos que en  ninguna legislación moderna o de contexto democrático se puede utilizar una forma de enjuiciamiento en donde se vulnera el derecho a que una persona no sea procesada dos veces por el mismo hecho y nosotros efectivamente fuimos procesados paralelamente por la justicia civil en Cañete y por la justicia militar de Concepción. Incluso hubo dos sentencias contradictorias entre sí.

Reclamamos con mucha fuerza que la condena de nosotros fue absolutamente injusta. De alguna manera nos sentimos respaldados por esta resolución de la Corte Interamericana, porque nuestra causa, en la sentencia en particular, quedó muy claro que fuimos condenados sobre la base de la utilización del testigo protegido, eso es así, fue visto por los jueces, la Corte Suprema y quedó a firme, con lo que hay concretamente  una vulneración del derecho a la defensa y faltas de garantía. Ahora, queremos aclarar que en el caso del Juicio de Cañete tuvimos la aplicación de la Ley Antiterrorista, su uso desde el momento en que se presentan las querellas por parte de las autoridades y desde que comienza la investigación, implicó recursos como intervenciones telefónicas y otras situaciones relacionadas con el actuar de la policía y los fiscales. Cuando tuvimos la detención se generaron situaciones de largas prisiones preventivas, lo que no está bien regulado por parte de la ley, la que incluso permite vulneraciones de derechos como los apremios ilegítimos y la aplicación de tortura contra los detenidos. Esto además del secreto de la investigación y otra serie de situaciones. En el juicio se hacen además varias maniobras para entrampar u obstruir cualquier tipo de defensa que pudieran hacer nuestros abogados. En suma: La Ley Antiterrorista no permite debidos procesos, y así lo ratifica la Corte Interamericana.

En concreto, ¿qué están exigiendo a las autoridades?

Nosotros siempre hemos emplazado, más allá de presentar un cuestionamiento a la institucionalidad política y jurídica como mapuche que vivimos en un estado de opresión. Más allá de cuando somos llevados a tribunales por luchar por nuestras reivindicaciones políticas y territoriales, emplazamos directamente al Estado a que nos otorgue garantías de algún tipo. Si ya estamos en una situación de desventaja por decirlo así, por lo menos la exigencia básica es que se nos otorgue un juicio justo, sin leyes de este tipo, leyes especiales, extraordinarias, que tienen vienen de otros contextos que no compartimos y no comparten tampoco sectores democráticos.

Decimos que la demanda mínima es tener un juicio justo, acceso a la defensa, porque en el contexto en que fuimos procesados, siempre reclamamos y aducimos que había un enfrentamiento al interior de una comunidad, cuando las fuerzas de ocupación y policiales ingresan a las comunidades a allanar, ante un conflicto por la tierra, un conflicto de justas reivindicaciones. Allí se provoca un enfrentamiento donde hay una desventaja considerable, estamos hablando de una situación injusta de por sí, y en ese contexto se da este hecho de una supuesta “emboscada” a un fiscal, cuando siempre argumentamos que existía un enfrentamiento, muy desigual por cierto. Por eso lo consideramos un montaje y, en el contexto de la Ley Antiterrorista y la persecución de la que hemos sido objeto, nunca pudimos comprobar que existía una situación distinta a la tesis de la Fiscalía. Cuestionamos este tipo de legislación porque en situaciones de conflicto estas leyes se utilizan como un instrumento de persecución política y esa es la razón por la que seguimos reivindicando el derecho a tener un debido proceso. Además, nosotros fuimos víctimas de una verdadera campaña mediática que demonizó la postura de nuestra gente, de nuestro sector, y tuvimos en total de ventaja.

Nosotros fuimos objeto de la utilización de la ley en toda su magnitud, pero al momento antes de provocarse la sentencia el gobierno pidió la recalificación de los hechos y quitó la tipificación de terrorista, pero eso no quita que se haya utilizado, o que hayan quedado establecidos los estándares de prueba para poder condenar. Los abogados se dan cuenta de que todo el proceso fue bajo esta ley y que es indesmentible su utilización. Eso es lo que seguimos denunciando ya a cinco años de esos hechos. Vamos a seguir reclamando y exigiendo el derecho a un juicio justo, no sólo sobre la base del nuevo antecedente, la resolución de la Corte Interamericana,sino también de las observaciones que ha hecho el relator de Naciones Unidas, Ben Emerson, quien planteó que las personas que hayan sido condenadas con testigos protegidos debieran tener el derecho a un nuevo juicio bajo o a una revisión de sus condenas.

Todos los organismos internacionales le han dicho al Estado chileno que no tiene que ocupar esta ley en el conflicto mapuche, por ser de orden político, social, histórico, que tiene que ver con una demanda de justicia, de ética, de moral y eso ha hecho que el gobierno tenga una cierta postura respecto a su utilización, pero se sigue ocupando, ya que se sacan aspectos de esta ley en otros procedimientos. Nosotros aún no tenemos ninguna solución, ni en lo judicial ni político respecto a las demandas iniciales. Exigimos una revisión o un nuevo juicio porque de no ser así seguramente estamos a los pies de una futura condena por parte de los organismos internacionales a la Justicia chilena.

¿Y qué camino tomarán si el gobierno insiste en mantener el caso Cañete cerrado, es decir, no volver a revisar la situación?

Nosotros vemos que se nos ha dado la razón y en ese sentido, hay que dejar en claro que si hay un intento de parte del gobierno actual de buscar alguna solución al respecto, también tiene que darse una solución a los presos políticos mapuche y, muy particularmente en una cuestión que para nosotros es esencial que es la posición, coherente o incoherente, que va a tener este gobierno sobre la Ley Antiterrorista. Han dicho que no van a aplicarla y si acogen las recomendaciones internacionales de la ONU y la reciente resolución de la Corte-IDH, emplazamos directamente a las autoridades ¿cuál va a ser la situación de los presos políticos que hoy estamos condenados sobre la base de la Ley Antiterrorista y la figura del testigo protegido?, ¿cuál sería la situación de Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul?, porque si no nos dan una solución en el corto plazo, inmediatamente vamos a tener que movilizarnos, seguramente con otra huelga de hambre para denunciar estos hechos y eso lo estamos evaluando muy seriamente. Estamos dando la oportunidad de buscar un mecanismo destino, pero si no vamos a tener que emplazar de la única forma que nosotros hemos venido emplazando a las autoridades. Hemos hecho cuatro huelgas de hambre denunciando esto, cuatro huelgas en las que no ha habido una solución, así que seguramente si vamos a seguir luchando por nuestros desprocesamientos va a tener que ser nuevamente a través de una huelga, y esa es una situación que está buscando el gobierno, de hecho nosotros tratamos de evitarla, pero si no hay una respuesta, la nuestra va a ser en ese sentido.

Pese a las voces que apuntan a la derogación de la Ley Antiterrorista, el gobierno convocó a una comisión de expertos para su probable modificación, ¿cómo ven esto?

Desde la huelga del 2010 fuimos muy claros al respecto, pedíamos el fin a la Ley Antiterrorista. Eso se traduce hoy en día a la derogación. Consideramos que no debiera existir una Ley Antiterrorista del tipo que existe, sobre todo ésta que tiene resabios del tiempo de dictadura que por su origen y forma no se condice con un Estado democrático. Más aun considerando que el fenómeno del terrorismo no corresponde, y menos en la causa mapuche. Quienes lo abordan desde ese ángulo son sectores con intereses comprometidos, particularmente sectores empresariales y de la derecha económica, quienes ven al pueblo mapuche como “el enemigo interno” y sus expresiones o formas de protesta como “delitos terroristas” o lo enmarcan en la delincuencia, no en el contexto de justicia que en realidad solicitamos. La situación de protesta social tiene sus antecedentes, no es un tema tan simple, tiene que ver con la pobreza, la negación, la opresión, vulneraciones de derecho como el Estado y las autoridades violentan a nuestro pueblo constantemente. Consideramos, y así lo han dicho los organismos internacionales, que en Chile lo que existe es protesta social, una lucha de un pueblo que trata de defender sus derechos políticos, territoriales y eso no amerita esta ley ni solución ni la criminalización exacerbada como ha estado sucediendo hasta el día de hoy.

En ese sentido, ¿cómo interpreta el clima que de estos últimos días sobre la violencia en La Araucanía y la colocación de artefactos explosivos o incendiarios en la capital?, ¿ve algún vínculo?

Sí, efectivamente la situación de ciertos episodios muy puntuales de colocación de artefactos explosivos menores en Santiago ha tenido una mayor resonancia y ha contribuido comunicacionalmente en los medios de comunicación, entendiendo que son cajas de resonancia del empresariado, la derecha y los sectores conservadores. No es menor ver allí atrás un interés de generar una situación de alarma, por lo tanto nosotros creemos que hay un contexto que se está creando, un clima que no necesariamente busca hacer frente a situaciones particulares, sino que tiene que ver con seguir adelante con políticas de criminalización de la protesta social y, particularmente, con la mantención de la Ley Antiterrorista u otras formas de normativas que permitan la represión en contra de los movimientos sociales.

En el caso mapuche, claro, hay una campaña muy fuerte y se nota de parte de los sectores más conservadores. Son verdaderas campañas del terror por hacer la analogía, en el sentido que si uno observa los diarios; El Mercurio, La Tercera, los diarios locales afines a esta línea, permanentemente están planteando una situación distinta, tratando de crear una alarma generalizada y presionar con esto a las autoridades políticas para que tomen medidas sobre tener estos mecanismos vigentes y en ese mismo sentido se entiende lo que está sucediendo con la crítica que se está haciendo en torno a la Ley Antiterrorista. La derecha quiere mantenerla, perfeccionarla a su favor para recrudecer la persecución en contra de los movimientos, y en caso del centro político están en una posición ambigua sobre si modificar, modernizar, pero aún no queda claro cuáles son los alcances de estos conceptos, cuando creemos que lo más correspondiente debiera ser derogarla, pero bueno, estamos en un país donde las fuerzas políticas están bajo lo que el poder determina, así que seguramente van a buscar un consenso en el marco del perfeccionamiento de esta ley, ajustándola entre comillas a ciertos estándares, pero la van a dejar vigente para seguir criminalizando, como se ha dado en el marco de la gobernanza neoliberal que tenemos en este tiempo.

En este escenario, ¿cuál es el llamado que hace la CAM a los dirigentes mapuche?

Nosotros siempre hemos estado claros de la situación de nuestro pueblo. De hecho la existencia de la CAM tiene ese denominador: surgimos producto de la agudización de contradicciones entre nuestro pueblo y el Estado, además del capital nacional e internacional que opera en el Wallmapu. Esa es la particularidad de que exista un conflicto mapuche, una crítica más firme a la forma en la que el Estado defiende el interés de los particulares. Nosotros sabíamos que venían los procesos de criminalización, de judicialización, y una persecución política muy direccionada contra algunos movimientos que luchaban por la territorialidad y la autonomía. La Ley de Seguridad del Estado primero y luego la Ley Antiterrorista, que existe desde el año 84 pero se ha aplicado principalmente en la gobernanza de la Concertación, desde el 2002. De hecho yo soy uno de los primeros que fue querellado por la Ley Antiterrorista en la zona de Arauco y en ese momento estaba de gobernador, y fue quien presentó la querella, el actual ministro del interior, Rodrigo Peñailillo. Hablamos ya de más de una década de aplicación de la Ley Antiterrorista, la que se le ha aplicado muy específicamente a la Coordinadora Arauco Malleco, de hecho, las personas sobre las que cae esta resolución de la Corte Interamericana, fueron parte de la Coordinadora, y entre los procesos de la CAM fueron criminalizados.

¿Cómo proyecta la relación entre las comunidades y el gobierno con los mecanismos que han anunciado para hacer frente al conflicto?

Se aplique o no se aplique la Ley Antiterrorista, tenemos que tener claro que los conflictos van continuar porque hay una posición de parte de las autoridades de dar continuidad a estas políticas, lo que se ven en el desarrollo, los planes y programas, el plan de entrega de tierras, ante lo que hemos dicho que el actual intendente de la novena región, Francisco Huenchumilla, muy pronto iba a demostrar cuál era su verdadera cara en relación a asumir el conflicto mapuche y hoy vemos que su posición en cuánto a la entrega de tierras lo está retratando en esa línea, porque pensamos que esa política ya colapsó, hizo crisis, y es uno de los elementos principales en cuánto a la mantención de conflictos o la posible agudización. Se esbozó de parte de los sectores más progresistas de la sociedad la posibilidad de las expropiaciones, pero inmediatamente los sectores más neoliberales se pronunciaron en contra de esta fórmula. En eso creemos que las autoridades están equivocándose al abordar esto manteniendo la política ya conocida, la que se enmarca en la lógica del mercado y bajo el modelo capitalista, generando una serie de situaciones injustas desde la cosmovisión mapuche. Eso va a agravar el conflicto.