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“No se trata sólo de recaudar”, aseguró la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso sobre el proyecto de ley de reforma tributaria que el Gobierno envió al Congreso Nacional para iniciar su discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara.

A partir de los anuncios y confirmaciones, que tienen como meta una recaudación de tres puntos porcentuales del PIB, distintos expertos reaccionaron y evalúan la información entregada por la Mandataria.

Para el economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, se confirma que la iniciativa busca financiar la reforma educacional, aunque también aparece una novedad respecto de las empresas, a propósito del aumento gradual de un 20 a un 25% hasta el año 2017.

Si bien destaca el enfoque sobre un cambio de eje para que la acción fiscal sea un mecanismo de distribución de ingreso, critica que la propuesta no llegue a niveles más cercanos a los países de OCDE, cuyo promedio es de 35%.

Asimismo, plantea su preocupación de que el proyecto de ley mantenga la integración de impuestos.

“En paralelo a cómo se elimina el FUT, nos preocupa que en las propuestas no se mencione ninguna palabra a lo que es el sistema de impuestos integrado a la Renta, el que en Chile hace que el impuesto que pagan las empresas sea un simple adelanto del impuesto que luego deben pagar los dueños de esas empresas, por lo que ese impuesto no es de beneficio fiscal. Si bien el foco de esta reforma es principalmente el alto capital, igualmente se queda corta”, expresa.

Por su parte, Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, si bien considera que los anuncios de Michelle Bachelet aterrizan un poco más la información, reconoce que persisten las dudas sobre el contenido de la reforma, pues básicamente corresponden a las medidas ya conocidas del programa de Gobierno.

Por ejemplo, en el caso de la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), a partir de la operación renta de 2018, según el académico podría generar efectos en un segmento de medianas empresas, que utilizan los dineros en este fondo para realizar inversiones, pero poca injerencia para las grandes y pequeñas compañías.

“El anuncio presidencial no despejó todas las dudas, porque en el caso de la eliminación del FUT se señala que paralelamente existirán varios mecanismos de incentivo al ahorro y a la inversión. Tenemos que ver cuáles son esos mecanismos que se están proponiendo y cómo operarán en la práctica. A partir de ese momento podríamos obtener conclusiones más adecuadas”, afirma.

Desde el Instituto Libertad, el economista Gustavo Díaz asegura que en el país no existe una carga tributaria baja y que si bien hay espacio para un incremento, la comparación con los países de la OCDE no es la mejor, pues muchos de ellos tienen altos grados de prestaciones sociales que en Chile no existen.

Además, manifiesta que ninguna reforma tributaria es buena o mala en sí misma, por lo que se deben evaluar las medidas que estén detrás y que den origen a su implementación, aseverando que en este caso no hay mucho que discutir.

“En rigor es más de lo mismo, más de lo que conocíamos, pero al mismo tiempo deja varias preguntas y la duda de cómo se va a implementar. La reforma tributaria se está convirtiendo en un fin en sí misma, pues hay una pregunta que ninguna autoridad ha contestado sobre para qué se requieren ocho mil 200 millones de dólares. Se habla de la reforma educacional, de combatir un déficit, que es bajo, y también de otras medidas de equidad y progresividad tributaria. Pero en concreto no tenemos ninguna medida que analizar”, aclara.

Los anuncios son un claro reconocimiento de que efectivamente existe una desaceleración de la economía, asegura el académico Víctor Salas, de la Universidad de Santiago, destacando el mensaje enviado por el Gobierno para reactivarla, especialmente dirigido a las grandes empresas.

Asimismo, subraya el tratamiento que se propone para las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que el mejoramiento que debiera producirse en la distribución de los ingresos a través del consumo, donde las pymes tengan más demandas por sus productos.

En ese contexto, Salas apunta a las repercusiones que tendría esta reforma entre las personas, que considera una rebaja tributaria desde el 40 al 35%.

“La gente lo que en realidad verá es una gran discusión y quizás lo único importante es que finalmente habrá un aumento de recursos para realizar los gastos como parte del proceso de reforma educacional y otras reformas sociales que se requieren. La población no va a resentir los impuestos, no existe una modificación en los impuestos indirectos en los que se pueda hacer hincapié”, explica.

Respecto al objetivo de disminuir la evasión y elusión de impuestos, los expertos coinciden en que además de mejorar la efectividad en la fiscalización y potenciar los servicios de Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, tal como lo anunció Michelle Bachelet, se requieren otras medidas que aseguren un real avance en esta materia, como el aumento del personal, una mayor eficiencia de los procedimientos y definir más específicamente que se entenderá por elusión.