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Soy de los que creen que la responsabilidad principal del golpe de 1973 es de los civiles, de la derecha política y de los grandes empresarios, los que han sacado las castañas con la mano del gato y eluden olímpicamente su culpabilidad. El ex senador Diez ha dicho que no sabía que se asesinaba y torturaba en el régimen que él defendía con pasión desde las tribunas de Naciones Unidas. El senador Novoa, Subsecretario del Interior con Pinochet, no puede haber sido ciego y sordo cuando se cometían los crímenes. Ricardo Claro estaba al lado de Pinochet cuando éste conversaba con Kissinger y fundamentaba la Operación Cóndor. Apenas elegido Allende, el dueño de El Mercurio salió de Chile y se autoexilió en las oficinas centrales de la Pepsi Cola en los Estados Unidos para trabajar en la conjura contra el Presidente Allende y, durante la dictadura, cumplió con entusiasmo su papel de publicista del régimen. Y, ahora, resulta que todos estos civiles no sabían de asesinatos, exilios y torturas. La culpa recayó sólo en los militares.

Las Fuerzas Armadas no ganaron con Pinochet. El buque escuela Esmeralda, lugar de tortura en 1973, sufre protestas cada vez que recala en puertos lejanos. Carabineros de Chile, recién ha recuperado su prestigio ante la ciudadanía, pero sus funcionarios se averguenzan de los degollamientos de Natino, Parada y Guerrero. La Fuerza Aérea oculta los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda y el de los torturadores del General Bachelet y del Capitán Vergara. El General Cheyre y General Izurieta, debieron desplegar inmensos esfuerzos para retomar el camino institucional del Ejército. Y, sin embargo, la crítica continúa.

El columnista de El Mercurio, Carlos Peña, ha atribuido responsabilidad moral al General Emilio Cheyre en el caso de Ernesto Lejderman, a quien entregó a un convento luego que sus padres fueran asesinados por una patrulla militar. Cheyre se vio obligado a renunciar a la Presidencia del Servel, presionado por la opinión pública. A cuarenta años del golpe las culpabilidades legales y morales siguen apuntando a los militares. Muchos pensarán, ahora, que no valió la pena arruinar el prestigio de las instituciones armadas para enfrentar una guerra inexistente y sostener a un gobierno corrupto. 

El aplastamiento de las organizaciones sociales y políticas, así como la ilegalización del pensamiento progresista se convirtieron en la condición necesaria para la imposición de las políticas públicas neoliberales. Las Fuerzas Armadas cumplieron la misión de respaldar, mediante la represión, el modelo de sociedad que instaló la oligarquía, con los economistas de Chicago. La ley laboral de José Piñera, la privatización de las empresas, de los servicios de salud, la educación y la previsión no se establecieron por consenso ciudadano sino por la fuerza. Así fue también con la Constitución de 1980, garante del modelo político y económico que instalaron la derecha y los grandes empresarios. La dictadura no fue sólo de los militares: fue una dictadura civil-militar.

La derecha utilizó a las Fuerzas Armadas para asegurar su reproducción en el poder, más allá del gobierno militar. Los grupos empresariales se aprovecharon de las Fuerzas Armadas para debilitar al movimiento sindical, ampliar su frontera de actividades a nuevos negocios y obtener jugosas ganancias. Acumularon ganancias sobre la base del terror, el abuso y la superexplotación de los trabajadores. 

Los civiles de derecha y los empresarios fácticos hasta ahora se han lavado las manos. Están en deuda con la ciudadanía y con las Fuerzas Armadas. Todavía esperamos que se hagan la autocrítica.

*Roberto Pizarro es economista.