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El derecho a un medio ambiente libre de contaminación es un Derecho Humano fundamental, que implica, dada la interdependencia propia de los Derechos Humanos, que sea una condición sin la cual no se pueden desarrollar plenamente los otros derechos. La inequidad propia de nuestro país, se traduce en materia ambiental en que los impactos o riesgos que genera el llamado “desarrollo” recaen siempre en los hombros de los sectores excluidos. De la misma manera y en complemento a lo anterior, estos sectores tienen una reducida oportunidad de injerencia en las decisiones ambientales que los afectan [1] [10].

Visto desde un punto de vista territorial, una muestra muy clara de esta inequidad la constituyen las llamas “zonas de sacrificio [2] [11]”, sectores donde se concentran varias actividades productivas de alto impacto ambiental y cuya población sufre de la suma de ellos. En Chile el caso más dramático y conocido es el de Ventana, donde niños y adultos han sido víctimas de graves daños a la salud producto de la presencia de termoeléctricas y fundiciones.

A pesar de ser un ingrediente más, y que dicha inequidad proviene de condiciones estructurales, podemos decir que el marco jurídico e institucional en materia ambiental contribuye fuertemente a reproducir dicha inequidad. Entre otras cosas, porque los mecanismos de participación ciudadana que ofrece, son dramáticamente limitados.

Cuando una empresa pretende instalarse en un territorio, la ciudadanía tiene acceso a participar sólo una vez que el Estudio de Impacto Ambiental ha ingresado al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es decir, cuando las decisiones más relevantes sobre ubicación y características del proyecto ya fueron tomadas. De esta forma, dónde y de qué manera se realiza un proyecto de inversión depende de la propuesta del titular, sin contemplar previamente un análisis más estratégico con visión territorial, que incorpore de manera efectiva, las consideraciones de los vecinos de las nuevas instalaciones. En términos reales, las observaciones que la ciudadanía realiza por medio del sistema, no llegan a generar grandes cambios con respecto al proyecto original en los aspectos más sensibles para la ciudadanía.

Por otra parte tampoco existe un mecanismo formal para impedir la ejecución de un proyecto, pues el SEIA simplemente no está diseñado para que un proyecto sea rechazado. De hecho, los proyectos que se han paralizado han sido por la vía judicial, no por vía administrativa.

¿Qué herramientas formales tiene, por ejemplo, la ciudadanía de una “zona de sacrificio” para poder defenderse de la instalación de un nuevo proyecto en su territorio? ¿Es moralmente aceptable que la alternativa de no realización del proyecto no exista de manera formal dentro del sistema de evaluación ambiental?

Es en este contexto donde es necesario visibilizar otras herramientas que pudieran mejorar sustancialmente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile. Uno de los más relevantes es el llamado “Análisis de alternativas”. Este mecanismo, es utilizado por otros sistemas de evaluación ambiental, por ejemplo el estadounidense, y se caracteriza por generar de manera oportuna, una instancia en que se estudien participativamente, diferentes alternativas de diseño y ubicación del proyecto, donde incluso una de las alternativas es que el proyecto no llegue a realizarse.

Una modificación tan radical como esa en la normativa ambiental, nos parece en este momento tan lejana como urgente. Y si bien sabemos que las voluntades políticas no van por ese lado, también tenemos la convicción de que la ciudadanía está indignada y seguirá apuntando a exigir medidas que apunten a ampliar el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y con ello, a  repartir de manera más justa los lamentables costos de nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Vamos que se puede.