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Una verdadera pugna entre el Ejecutivo y el Poder Judicial provocaron las declaraciones del ministro de Justicia, Teodoro Rivera, quien anunció que a la hora de determinar los ascensos en las Cortes se tomará en cuenta el historia de fallo de los jueces, a raíz de la “mano blanda” que se ha expresado con los detenidos por desórdenes públicos en las protestas.

“Si los estándares exigidos por algunos exceden lo prudente, lo racional y, en definitiva, dejan en indefensión a la ciudadanía, eso es tan peligroso como aquellos jueces que sólo privilegien el interés colectivo y dejen desprotegidos a los imputados. El Ministerio de Justicia, cuando le corresponde participar en el nombramiento de los ministros de las Cortes de Apelaciones y en la decisión del Presidente de la República que hace a la Corte Suprema, obviamente se revisará la jurisprudencia, los criterios del juez en su moralidad pública y privada y los informes que ha hecho sobre ello las propias cortes Suprema o de Apelaciones”, dijo el secretario de Estado.

De esta forma, el titular de Justicia traspasó el discurso gubernamental de enfrentar “hasta las últimas consecuencias” los casos de detenidos por desórdenes públicos a la práctica y los dardos, esta vez, se llegaron a los magistrados generando una gran polémica durante todo el fin de semana.

Ribera aseguró que el Ejecutivo está “cansado” de que los responsables de esos delitos queden en libertad fácilmente, y si bien no se busca tener jueces “autoritarios”, tampoco se avalará la labor de los “ultragarantistas”.

Y la respuesta desde el sector cuestionado no se hizo esperar.  El propio presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, había manifestado que “cuando llega una persona requerida a los Tribunales de Justicia, con la independencia que deben tener nuestros jueces, ellos pueden decidir con los antecedentes del caso si la persona queda libre o queda presa”.

La cabeza del máximo tribunal chileno agregó que “la evaluación de los jueces le corresponde exclusivamente al Poder Judicial y estamos sujetos a un estatuto legal que establece la manera en que se hacen las calificaciones y se evalúan a los jueces. Lo que haga el Gobierno es problema de ellos y no nuestro”.

Dichos que también se relacionan con lo planteado por la intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, quien indicó que en los siete meses de movilizaciones estudiantiles se han contabilizado más de mil 500 detenidos, pero sólo doce están presos.

El diputado PPD, Felipe Harboe, integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, afirmó que las palabras del ministro de Justicia se leen como una amenaza.

“Creo que las palabras del ministro de Justicia están al borde de la inconstitucionalidad y responden más bien a un intento del Gobierno de blindar su incapacidad propia de probar en tribunales la responsabilidad de los violentistas”, sentenció el parlamentario.

Sin embargo, la bancada de diputados de la UDI anunció un proyecto de ley que permite acusar constitucionalmente a los jueces de garantía que no apliquen la legislación. En esa línea, el diputado gremialista Gustavo Hasbún sostuvo que “cuando se actúa con cierto grado de desidia, (los jueces) pasan a ser verdaderos cómplices de los delincuentes”.

Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, calificó de “gravísimas” las declaraciones del diputado Hasbún y  advirtió que “esta es una suerte de ataque cruzado hacia la independencia de los jueces, donde por una parte, el Ejecutivo postula a una suerte de veto en el nombramiento de quienes no adscriben al criterio que éste estima correcto, y por otra, parlamentarios promueven modificaciones legales tendientes a poner una verdadera camisa de fuerza al juez al momento de resolver”.

A través de un comunicado, Llanos concluyó que esto se trata de “algo inédito en nuestra vida republicana y ciertamente relacionado con trágicas épocas de nuestra historia”.