El diputado Gabriel Ascencio, junto a otros parlamentarios, ingresó un proyecto de ley que busca obligar a sacerdotes y religiosos a denunciar ante la Fiscalía abusos contra menores de los cuales tengan conocimiento.

De esta manera, la iniciativa busca agregar un nuevo literal al artículo 175 del código procesal penal, que obliga a miembros de organismos del Estado y funcionarios públicos a denunciar hechos que revistieren caracteres de delito y así, si un sacerdote o un directivo le llega por parte de un alumno, profesor o tercero una denuncia formal o una información de un eventual abuso sexual de un niño, va a tener la obligación de denunciarlo al Ministerio Público.

"De las cosas más impactantes que me ha tocado leer este último tiempo ha sido el reportaje del Diario el Llanquihue, que da cuenta de cómo el Arzobispo de Puerto Montt, Cristian Caro, simplemente obstruyó la justicia e encubrió al autor de  graves abusos en contra de una menor de edad y evitó la denuncia ente la fiscalía con el objetivo de que los hechos no fueran investigados", señaló el legislador.

El parlamentario indicó que pese a que se supondría que los miembros de la iglesia se rigen por sus propias reglas, por el derecho canónico, no tienen derecho a realizar acciones para obstaculizar la justicia.

"En el caso de Cristian Caro creo que claramente es un conjunto de hechos que se repiten en el tiempo: la misma conducta desde que tiene conocimiento de estos abusos hasta el día de hoy y ha sido de dar protección al victimario, negarle los caminos a la víctima para que obtenga justicia, lo que claramente es una conducta inapropiada y que tiene que ser sancionada por un tribunal", explicó también el diputado.

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