Opinión: Discapacitados, Chile inhibe la independencia

Opinión: Discapacitados, Chile inhibe la independencia

23 Octubre 2013

Si de Derechos Humanos se trata, la discapacidad es un ejemplo y paradigma a nivel mundial. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobado por la ONU el año 2006 señala en su artículo 19 el derecho a vivir en forma independiente.

Fundación Nacio... >
authenticated user

**Alejandro Hernández es Presidente y Director Ejecutivo - Fundación Nacional de Discapacitados. Consultor en Discapacidad www.fnd.cl

Chile en la práctica inhibe la independencia de las personas con discapacidad. Esto se vivencia en actos tan cotidianos como la tramitación interminable o negación de las ayudas técnicas (sillas de ruedas, prótesis, audífonos, bastones, etc.) que el Estado tiene el deber de facilitar para la auto movilidad, al igual que la Seguridad Social, a través de la entrega de pensiones que permitan cubrir las múltiples barreras del entorno. Las familias muchas veces -por la lentitud y burocracia del sistema- se ven obligadas a adquirir los elementos en forma privada, lo cual potencia el lucro del mundo privado y debilita notablemente el presupuesto familiar.

Salir de casa con o sin ayudas técnicas, enfrentando los baches del pavimento, veredas en mal estado, obstruidas o con falta de rebajes; intentar abordar un bus o el metro subterráneo de Santiago, constituyen casi un acto de malabarismo, una verdadera odisea ciudadana, incluso con la ayuda de un familiar, amigo o transeúnte de buena voluntad.

A este escenario, se agrega el hecho que los familiares debemos subvencionar al estado también en el área de transporte, al enfrentarnos diariamente a un sistema urbano e interurbano de buses y trenes inaccesibles. De este modo, el traslado en taxis o vehículos particulares se transforma en la costosa solución a la que se le hecha mano para asistir a quienes de otro modo se verían imposibilitados de movilizarse.

Es más, aun cuando logramos con esfuerzo importar o comprar un vehículo adaptado para trasladar y acompañar a nuestros familiares, e intentamos hacer uso de los escasos “estacionamientos reservados” para personas con discapacidad, vemos con impotencia como estos  son ocupados por camiones de Coca-Cola, vehículos policiales, particulares e incluso de candidatos presidenciales, sin mediar razón ni explicación alguna.

Recordemos que hacer uso de estos estacionamientos por quienes no lo necesitan constituye una falta grave, lo que implica una multa de 1 a 1.5 UTM, aproximadamente $58.000 mil pesos chilenos. USD 116. Hay empresas, organismos y personas que si tienen el dinero suficiente para pagar la multa y no les interesa respetar el espacio. En este sentido, urge redactar y aprobar leyes efectivas, proactivas, que no busquen la multa, sino el espacio reservado efectivamente despejado, ya que se cae en el círculo vicioso Multa - Ingreso Fiscal - Multa.

 

El colmo de esta situación es que Carabineros de Chile o los propios inspectores municipales cursan infracciones a las propias personas con discapacidad y sus familiares cuando estos logran estacionar, solo por el hecho de no exhibir el carnet correspondiente en el parabrisas, lo cual representa un descriterio, cuando la persona se encuentra arriba del vehículo y es fácilmente observable su condición o el tipo de vehículo adaptado del cual se trata. Casos como estos los hemos visto tanto en Santiago, como en regiones.

La ley señala que las municipalidades deben reservar dos estacionamientos por cada tres cuadras, destinados exclusivamente al uso de personas con discapacidad, los que deben estar debidamente señalizados. Me atrevo a decir que ningún municipio cumple con esta ley que sigue “en la estratósfera”. Tampoco utilizan el criterio cuando se trata de cursar una infracción.

¿Quiénes pueden hacer uso de los estacionamientos reservados?. Aquellas personas que presenten la credencial de discapacidad tramitada en COMPIN y extendida por el Registro Civil. Pero ¿Qué pasa con las personas con discapacidad adquirida que no cuentan aún con la credencial pero que requieren imperiosamente estacionar y contar con las facilidades?. Quedan en el limbo y al libre albedrío del inspector municipal o policía de turno. Resulta imperioso entonces, ampliar y actualizar la ley de Estacionamientos para personas con discapacidad.

La sociedad chilena no solo dificulta en extremo la movilidad e inhibe la independencia, sino quecuando se ha logrado superar las innumerables barreras del entorno, la sociedad multa y castiga, constituyendo una notoria barrera actitudinal y de abiertamente discriminatoria. Así le pasó hace unos días a don Victor Tapia en Antofagasta, adulto mayor con discapacidad física, amputado de ambas piernas y usuario de silla de ruedas, cuando su hijo lo acompañó en automóvil con el fin de tramitar la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Aparcaron en un estacionamiento reservado, donde fueron severamente tratados y sancionados por personal de carabineros, por no contar con la debida identificación.

FRANJAS PRESIDENCIALES DISCRIMINAN A DISCAPACITADOS

Finalmente quisiera hacer una mención especial. Amonestación a los candidatos presidenciales, que por estos días han comenzado con sus franjas electorales, sin incorporar en ellas el recuadro con traductor de Lengua de Señas para las personas con discapacidad auditiva, que en Chile alcanzan más de 700 mil. Este hecho denota falta de voluntad, empatía y escasa visión integradora. Discriminatorias y excluyentes las franjas presidenciales y el responsable es ANATEL, la Asociación Nacional de Televisión, que aún no integra en las bases de exigencia, incluir el recuadro con traductor para la comunidad sorda.

Reiteramos que la subtitulación de las franjas electorales no sirve para las miles de personas que nunca han escuchado, pues estas no comprenden el lenguaje de los “oyentes”. Subtitular resulta inoficioso entonces para ellos, salvo para aquellas personas adultas mayores o con baja audición culturizadas en un medio de oyentes, pero esto no es en realidad una solución que abarque la diversidad que se presenta en la discapacidad auditiva. La impotencia de este grupo frente a este hecho que nuevamente los vulnera es profunda y lo constatamos como Fundación Nacional de Discapacitados.

Así los candidatos una vez más hacen gala de su desinterés en discapacidad, arrollando nuevamente la Ley 20.422 de la discapacidad. Al borde de la Ley, porque la desinformación también coarta la autonomía de las personas con discapacidad, en este caso, al momento de conocer y elegir las propuestas de uno u otro candidato y ejercer informados el derecho a sufragio, en forma libre, democrática e informada. Esto último representa un deber incumplido de los presidenciables. Si los candidatos a presidente de la república no cumplen la ley, me pregunto ¿Quién lo hará entonces?.¿Quién sanciona? probablemente lo hará el electorado.