El parlamentario osornino Sergio Ojeda indicó que "Como habitantes de esta zona debemos preguntarnos ¿por qué se llevan adelante proyectos de esta naturaleza ante nuestra mirada? Más si se llevan a cabo con una evidente intensión de no informar en forma adecuada a las comunidades afectados ante tales iniciativas. Eso es a todas luces ignorar los derechos ancestrales de las comunidades de San Juan de la Costa, lo que es un atropello su dignidad.

Ante la  cuestionada solicitud de la empresa hidroeléctrica Enegrías del Sur Ltda. sobre los derechos de aguade cuatro ríos de San Juan de la Costa, Ojeda se preguntó "¿Por qué las entidades públicas legitiman el proceder de las empresas aludidas? Es evidente que existió una falta de rigurosidad en la información, en la forma en la que se difundió finalmente la solicitud de la empresa por los derechos de las aguas a través de medios de comunicación, que evidentemente no eran accesibles a las comunidades costeñas que tenían que ser informadas".

Según el parlamentario osornino, esto es intolerable en toda sociedad con decisión y conciencia, empoderada de sus derechos y obligaciones. "Derechamente se está pasando a llevar la cultura, la forma de entender la naturaleza y el ecosistema de las comunidades que hoy exigen que se respeten y tutelen de parte del estado chileno y sus institucionalidad. Los derechos legalmente adquiridos en diversos convenios y Tratados Internacionales reconocidos por organismos de todo el mundo que avalan una legalidad protectora de la cultura ancestral", añadió.

Ojeda dijo que el gobierno ha fallado en cautelar los derechos de las aguas de nuestros hermanos indígenas, "es evidente su falta de voluntad y de hacer las cosas", dijo. "Hasta cuando se permite que el 'desarrollo económico' doblegue y deje sin margen de acción a los sectores costeros que están reclamando con legítima propiedad su derecho a un elemento vital de sus tierras".

El parlamentario agregó que es obligación del Gobierno Regional, las entidades correspondientes  y las autoridades de la zona responder ante la reclamación totalmente justificada de las comunidades indígenas de San Juan de la Costa y buscar la forma de revertir una injusticia y atropello a la dignidad del pueblo indígena.

Concluyó que no se debe olvidar que existe el convenio 169 de la OIT que obliga a las autoridades públicas a consultar a las comunidades indígenas sobre cualquier materia que tenga relación con ellos.