Por dos delitos de malversación de caudales públicos, la Fiscalía Local de Puerto Varas formalizó ayer la investigación en contra del Alcalde de la comuna de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez Vásquez. La audiencia en que el fiscal Marco Muñoz Becker comunicó los hechos que se imputan al edil se desarrolló esta mañana en el Juzgado de Garantía lacustre, oportunidad en que también se formalizó al ex Asesor Jurídico del municipio.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Muñoz en la audiencia, entre enero de 2010 y diciembre de 2011, con ocasión de la ejecución del Programa de Empleo Comunal, denominado también Programas de Mejoramiento Urbano o PMU, financiado con recursos propios de la Municipalidad de Llanquihue, Luis Saavedra González -quien entonces ejercía como Jefe Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas-  y el Alcalde Juan Fernando Vásquez, “ambos a cargo de la administración y disposición de los fondos o caudales públicos del municipio, previamente concertados para ello, aprovechando su posición funcionaria privilegiada y la función que cumplían, en directa relación con los recursos económicos públicos de la Municipalidad de Llanquihue, sustrajeron y se apropiaron de la  cantidad de $ 41.873.981 pesos, pertenecientes a esa entidad, valiéndose al efecto de 33 decretos de pago”. Parte de los montos fueron posteriormente entregados en dinero efectivo al imputado Saavedra González, para que éste supuestamente los utilizara en el pago de las remuneraciones de un grupo de trabajadores, respecto de los cuales simuló su contratación usurpando identidades.

La situación fue detectada en una auditoría realizada por la Contraloría Regional de Los Lagos, entidad que informó al Alcalde sobre irregularidades relacionadas al destino y uso no acreditado de recursos económicos públicos. En ese contexto, los imputados Saavedra González y Vásquez Vásquez, y el abogado Miguel Urrutia Tobar, quien a la época se desempeñaba como Asesor Jurídico de la Municipalidad, se habrían reunido con miras a encubrir la sustracción de caudales. De este modo, según dijo el fiscal en la audiencia, infringieron “sus deberes funcionarios de probidad, vigilancia y obligación de denuncia”. Así –agregó el persecutor- se suscribió un convenio de pago en el que Saavedra se comprometía a reintegrar los fondos. “A través de dicho acto, el imputado Miguel Urrutia Tobar favoreció deliberadamente la posición de los imputados Luis Saavedra González y de Juan Fernando Vásquez Vásquez, en desmedro y perjuicio de su cliente, la Ilustre Municipalidad de Llanquihue”.

El segundo hecho que se imputó al actual Alcalde de Llanquihue se habría registrado entre enero de 2011 y febrero de 2012. Según expuso el fiscal Muñoz Becker. Luis Saavedra junto con el concejal Fernando Acuña Ide y Juan Fernando Vásquez, sustrajo y desvió a fines no institucionales, recursos económicos públicos pertenecientes a dicho municipio, por la suma total de $15.600.000 pesos. Para  ello, se habría simulado la contratación de asesorías contables al municipio, que no se realizaron y a propósito de las cuales se generaron 13 decretos de pago, por el monto bruto de $1.333.333 pesos cada uno, para la cancelación de los supuestos honorarios, cuyos pagos, ascendentes a $1.200.000 mensuales se realizaron a través de transferencias electrónicas efectuadas con claves y tarjetas de coordenadas pertenecientes a los imputados, desde la cuenta corriente de la Municipalidad  de Llanquihue.

Respecto del alcalde Juan Fernando Vásquez, los hechos imputados corresponden a delitos de malversación de caudales públicos y la Fiscalía le imputa participación en calidad de autor. El edil quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y con prohibición de comunicarse con los otros imputados en esta causa y con otras cuatro personas identificadas como testigos de acuerdo a la investigación fiscal. Se fijó un plazo para el desarrollo de diligencias de investigación de 150 días.

En el caso de Miguel Urrutia, la formalización es en calidad de encubridor de malversación de caudales públicos y como autor de un delito de prevaricación de abogado. El Tribunal de Garantía aprobó a su respecto la medida cautelar de prohibición de comunicarse con los otros coimputados de la causa y con un testigo.

Como querellante en la audiencia de formalización compareció el Consejo de Defensa del Estado, representado por el abogado Juan Carlos Zamora.