Responsabilidad para acusar

Responsabilidad para acusar

26 Marzo 2013

Carece de responsabilidad política que una coalición pretenda atacar políticamente al ministro, cuando este último ha perseguido más que los anteriores la presencia del lucro en la educación. Por Jean Masoliver Investigador Asociado del Instituto de Política Liberal.

Corresponsal Re... >
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La acusación constitucional en contra del ministro Beyer no es una acción que sólo busque juzgar políticamente a él. Pensar lo contrario sería un error. Si se buscar hacer juicio al ministro por no supervigilar la acción lucrativa, es igualmente juzgable cualquier acto que tenga y haya tenido ese tenor.

Durante los gobiernos de la Concertación, no existió voluntad para la fiscalización del cúmplase la prohibición del lucro en la educación superior. Tampoco había mecanismos. La Superintendencia de Educación es un órgano creado recientemente, y la ley que crea la Superintendencia de Educación Superior recién fue aprobada en general por el Senado. Por supuesto que es positivo que en estos días se ponga de manifiesto la intención de acabar con esta práctica ilegal, pero hay una dimensión ética en el accionar de los diputados de la oposición que no está siendo considerada. Carece de responsabilidad política que una coalición que se ha visto involucrado en el tema del lucro —sea por su participación en las mismas universidades, sea por no haber investigado antes la presencia de este ilícito— pretenda atacar políticamente al ministro, cuando este último ha perseguido más que los anteriores la presencia del lucro en la educación. Esta acción sólo puede dañar aun más la ya desprestigiada clase política, puesto que, a ojos de la ciudadanía, quienes acusan son igualmente responsables del estado al que ha llegado esta situación.

En este escenario, en quien debiera recaer el compromiso de establecer si existe o no responsabilidad política por parte de los acusadores o el mismo ministro Beyer es en la ciudadanía. Cuando los actores políticos no están concitando la confianza de la sociedad civil, en ella recae la responsabilidad de ponderar si la acción que están llevando a cabo los diputados de la oposición es un acto correcto o no.

Por eso mismo, tanto la Concertación como la Alianza —que también en este tema tiene casos muy sensibles, como la participación de Joaquín Lavín en la Universidad del Desarrollo— deben recibir la posta que les impele a revisar internamente si sus miembros incurren o incurrieron en faltas graves como lucrar de la educación. Finalmente, este proceso tendrá como propósito único mejorar el estado de las confianzas entre ciudadanía y actores políticos, optimizando asimismo la calidad política de nuestros representantes.