La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la empresa Autorentas Tattersall Limitada a pagar más de 200 millones de pesos a los familiares de una profesora que falleció en un accidente de tránsito camino a Puerto Octay.

De esta forma, el tribunal de alzada revocó la primera sentencia decretada por el segundo juzgado civil de la misma ciudad.

Los familiares de Carla Ramos, docente de Lenguaje y Comunicación del colegio San Vicente de Paul de Puerto Octay, demandaron a la compañía por su responsabilidad solidaria en el accidente, que también le costó la vida a otra profesora y que dejó a una tercera mujer con serias lesiones.

El hecho ocurrió en mayo de 2015, cuando las víctimas se dirigían en un vehículo particular por la ruta que une Osorno y Puerto Octay, momento en que fueron impactadas violentamente por una camioneta, cuyo chofer, Rodrigo Soto, se encontraba en estado de ebriedad y fue condenado a cinco años de cárcel.

Autorentas Tattersall Limitada era la propietaria del vehículo en que se transportaba el sujeto que originó el accidente.

FACULTAD LEGAL

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Julio Kompatzki, María Soledad Piñeiro y el abogado (i) Claudio Aravena– acogió la acción judicial deducida, tras establecer la facultad legal de los recurrentes para demandar a la automotora.

"Para determinar cómo deben dirigirse las acciones en caso de existir obligaciones solidarias, debe atenderse a lo expresamente señalado en el artículo 1514 del Código Civil, que indica: ‘El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de la división'”, establece la resolución, donde se agrega que “es el actor quien elige a quien demandar de entre la pluralidad de deudores solidarios, en este caso solo dos, el conductor y el propietario, optando por perseguir civilmente al segundo".

DETALLE DE LA INDEMNIZACIÓN

El fallo condena a Autorentas Tattersall Limitada al pago de los siguientes conceptos:

A.- Por daño emergente al monto de $925.437.

B.- Por lucro cesante a la suma de $116.854.164.

C.- Por daño moral a la suma única y total de $90.000.000.

Estos montos deberán ser reajustados conforme a la variación del IPC desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo. Además, la demandada fue condenada al pago de las costas.