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El Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno acogió la denuncia de tutela laboral interpuesta por Pamela Alejandra Carrasco Muñoz y Carolina Edith Gatica Vargas, desvinculadas de la Gobernación Provincial por vulneración de las garantías constitucionales de no discriminación y derecho a la igualdad.

En el fallo el magistrado, Joshua Martínez Santibáñez, acogió la acción judicial, tras establecer que el despido de las denunciantes se debió a que no pertenecen al conglomerado político del nuevo gobernador.

"Desde luego han logrado demostrar la discriminación indirecta de la que señalan haber sido víctimas al haberse puesto término anticipadamente a sus designaciones, las que se realizaron bajo justificaciones aparentemente fundadas, pero que en realidad obedecieron a otro asunto, esto es, que no pertenecían al conglomerado político del Gobernador que asumió funciones el día 11 de marzo del presente año, lo que torna arbitraria la decisión adoptada"”, sostiene el fallo.

La resolución agregó que el Estado cuenta con la facultad de poner término anticipado a los cargos temporales, lo que no implica vulnerar los derechos fundamentales de las personas.

"La medida adoptada, al no justificarse ni fundamentarse apropiadamente, y vistas las circunstancias que la envolvieron en el espacio temporal en que sucedió, no se basó en hechos objetivos, sino que obedeció más bien, de manera concluyente en base a los indicios demostrados, debido al cambio de banda política ocurrido al interior de la institución", consignó el documento.

Es por ello que el organismo deberá pagar la suma $8.050.070 a Carrasco, correspondiente a siete de sus ingresos mensuales; y  $10.898.146 por el mismo concepto a Gatica.