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Uno de los grandes problemas de nuestro querido y amado Chile esta en su fundamento político, donde el Estado no esta cumpliendo con su función fiscalizadora, produciéndose un vacío de poder que con el tiempo nos esta haciendo zozobrar de una manera inesperada. Solo a modo de ejemplo; si Codelco tuviese una administración realmente estatal y autónoma como debe de ser, sin el cuoteo político de los gobiernos de turno, que han usufructuado de sus haberes, sin considerar la proyección de la propia empresa, indudablemente no estaría en la crisis actual y habría podido reinvertir por lo menos una parte de las ganancias del increíble superávit que vivió por casi diez años, que convirtió a Codelco en una de las empresas mineras más rentables del planeta.  

En tiempos de globalización económica, política y social, con modificaciones en las relaciones socioeconómicas, es urgente reformular y redefinir el rol del Estado y en lo posible tener la capacidad de reactivar su función original, que no es otra, que velar por la base de sustentación del país, con una visión largoplacista de desarrollo.

El mundo neoliberal siempre habló mal del Estado, de sus propiedades y de sus funciones fiscalizadoras. El Estado era el principal obstáculo que debían sortear para apoderarse de los medios de producción y de los recursos naturales y para ello, se apoderaron de la estructura y del manejo productivo de Corfo, que en esos años era importante y nos hicieron creer que la autorregulación y el mercado era lo mejor para todos. Cuando a decir verdad, ha sido nefasto y solo ha producido una innecesaria iniquidad social.

Los escándalos político-empresariales que han salido a relucir en los últimos años en el área minera, forestal, acuícola y energética, nos ha hecho entender a algunos, que la mejor manera de proteger el bien general de la sociedad, es volviendo a tener un Estado con claridad en sus funciones. Ni tan paternalista, ni tan subsidiario como el actual; pero con poderes de fiscalización en las políticas de desarrollo y empoderado sobre la propiedad de las riquezas nacionales, asegurando que las políticas estratégicas sean consecuentes con lo que somos y esten de acuerdo con nuestras ventajas comparativas, en la búsqueda de armonía y balance en nuestra forma de hacer sociedad. Entendiéndose, que la función primordial que debe tener todo Estado, es la de velar por el buen hacer y regular que la maquina productiva y desarrolladora este bien direccionada, abandonando la tesis tan desgastada a esta altura de los acontecimientos, que todo lo regula el mercado.

Con un Estado claro en sus objetivos, obligaciones y derechos, por lo menos bajo mi perspectiva, no se darían los monopolios empresariales como en la actualidad; no se privatizarían los recursos naturales; se respetaría el medio ambiente y el buen uso del territorio nacional; se fiscalizaría mejor la colusión empresarial; evitaríamos la incestuosa relación entre empresarios y políticos; seria más fácil exigirles a la empresas transnacionales que respeten las comunidades y la normativa vigente del país; y de seguro tendríamos una mejor educación, salud y pensiones más dignas.

En términos actuales; el estado debe volver a tener la capacidad de planificar estrategias de desarrollo que perduren en el tiempo, protegiendo la base de sustentación social, productiva y cultural del país. Aunque ello signifique muchas veces que tenga que ser intervencionista, liberal y regulador, para proteger las buenas prácticas en los diferentes gobiernos y denunciando las malas en otros. En términos funcionales, el Estado debe encargarse de los servicios públicos básicos para el buen vivir de los ciudadanos, fiscalizando la producción de los bienes y servicios, velando para que los intereses creados de los grupos de poder no atenten la proyección ciudadana, tal como ocurre en Europa y en los países escandinavos.

En Chile nos hicieron olvidar, que los gobiernos deben tener como premisa fundamental representar los intereses del Estado, que son los de la sociedad como un todo y lo que han hecho desde 1973 a la fecha, es precisamente lo contrario, haciendo como si el Estado no existiera, Imponiendo serias contradicciones que nos están pasando la cuenta, hasta llegar a la increíble aberración, que somos el único país del planeta que privatizó su agua, recursos naturales, que solo la tercera parte del cobre pertenezca al Estado y que el mar y los glaciares esten privatizados, como gran parte del sistema educativo, salud y Fondos de Pensiones. El neoliberalismo de nuestro modelo económico, ha hecho sucumbir las funciones del Estado para beneficiarse y lógicamente, nos hemos transformado en un país con una gran iniquidad, con un ingreso per cápita bajo en gran parte de la población y esto solo ha sido posible, fundamentalmente gracias al mal funcionamiento del Estado como tal.

Existen conceptos básicos que se unen para conformar la sustancia del desarrollo de un país, que son; lo social, lo político, el Estado y el Gobierno, donde cada uno cumple con un rol fundamental, que es imprescindible para el buen hacer y para entender la estructura de las instituciones y su importancia para conseguir un desarrollo sustentable. Tener un Estado pendiente de las buenas prácticas, nos permitiría estar más atentos a los procesos estratégicos. La definición de un Estado, se fundamenta en la proyección del territorio que lo comprende, unido por un lenguaje y una cultura, con identidad propia, que hace la diferencia en comparación con otros territorios. Un país bajo un Estado fiscalizador, no es otra cosa que un conjunto social con identidad y proyección. El Estado representa por sobre todas las cosas un sentimiento de pertenencia, unido por una cultura y una historia particular del todo general, que va mucho más haya de los gobiernos transitorios que nos permite la democracia. Fundamento que lamentablemente lo hemos perdido totalmente.

El Estado le entrega a los países cohesión social y tolerancia para convivir entre si, para construir posteriormente un futuro colectivo. Sin cohesión no es posible crear desarrollo y pertenencia, mucho menos en el mundo globalizado de hoy. Es absurdo pensar que se debe de estar de acuerdo con todo lo que se propone y se ejecuta; pero se hace muy necesario desarrollar un consenso fundamental, que posibilite dirimir los objetivos comunes, para desarrollar proyección y construir un futuro para todos y no solo para algunos y eso solo lo puede entregar un Estado claro en sus funciones y responsabilidades.

Por Estado se entiende el conjunto de instituciones públicas que regulan la vida en sociedad, valores y iniciativas que están por sobre los intereses personalistas de grupos o entes, tomando en cuenta las voluntades particulares. Estado no es otra cosa, que una organización soberana de su territorio, bajo un régimen jurídico, con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración que se deben a este concepto superior. En la actualidad no tenemos nada de eso. El Estado es permanente y el gobierno es temporal; el Estado prevalece ante cualquier circunstancia, los gobiernos cambian según las circunstancias políticas. La voluntad del Estado se expresa por medio de las instituciones (Constitución, leyes, etc.) y sus agentes son los que componen esas instituciones e imponen su observancia, que son parte del Estado que constituye el gobierno.

Los intereses del Estado están relacionados a largo plazo y es responsable del funcionamiento del conjunto de instituciones que conforman el Estado. Las políticas públicas deben concebirse no como un producto con una exclusiva visión y decisión de los gobiernos de turno, que en Chile son cortos, abusivos y manipuladores. Sino, como resultado de una interacción y búsqueda de objetivos de acuerdo con nuestras ventajas comparativas, entre los diferentes actores sociales, partidos políticos, sindicatos, gremios, colegios profesionales, ONGs, con la altura de mira necesaria para prevalecer en el tiempo y que los gobiernos, que normalmente son manipulados por los intereses de los partidos políticos  de los grandes grupos económicos, no usen la retroexcavadora cada cuatro años para hacer prevalecer sus intereses.