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Es indudable que en el intrincado mundo de la política, de los intereses creados y de las grandes colusiones empresariales, nada es lo que parece y el camino por recorrer esta lleno de curvas y de peligrosos barrancos. Cambiar esta realidad es a todas luces un problema complicado de resolver y por más que nos apuremos, nos llevará un par de generaciones erradicarlo, sobre todo cuando los intereses de los gobiernos y de los parlamentarios están coludidos con empresas transnacionales.

Todos aquellos que marcharon hace unos años atrás para impedir que se intervinieran con proyectos hidroeléctricos los ríos de Aysén y pensaban que la batalla había terminado finalmente y nos habíamos librado de HidroAysén y sus nefastas intenciones: fue una mera ilusión y en la actualidad esa intención esta más viva que nunca en el gobierno de la Nueva Mayoría y coludidos con un importante grupo de empresarios, que a todas luces quieren revertir la situación, tratando de intervenir a toda costa los ríos de Aysén. La batalla que creíamos ganada, al haber demostrado lo inviable de la intención, está más vigente que nunca.

Este viernes 8 de enero la Décimo Segunda (12) Sala del tribunal de alzada, acogerá los alegatos del recurso de ilegalidad presentado por HidroAysén, luego que la Dirección General de Aguas (DGAC) rechazara en enero del 2015, la mitad de las solicitudes de derechos de aguas que solicitó la transnacional Italiana, para construir cinco represas con muros de contención y embalses para generar energía al sur de Aysén.

Esta semana por coincidencia al parecer (eso quiero creer), se dio a conocer públicamente la citación para el próximo 18 de enero del Consejo de Ministros, integrado por Pablo Badenier de Medio Ambiente; Carlos Furche de Agricultura; Carmen Castillo de Salud; Luis Cespedes Economía y Fomento; Máximo Pacheco Matte de Energía y Aurora Williams de Minería, a reunirse y decidir si el proyecto energético Central Río Cuervo emplazado en la comuna de Puerto Aysén debe concretarse o no. Proyecto que por lo demás, esta mal evaluado y emplazado en una falla geológica de gran magnitud como la Liquiñe-Ofqui, que pone en riesgo de tsunami a toda la población de Puerto Aysén.

Paralelamente el centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción, se encuentra en la actualidad haciendo un estudio en Aysén de viabilidad a pedido del Ministerio de Energía, para analizar las condiciones hidroeléctricas de las cuencas de los ríos Palena, Cisnes, Aysén, Baker y Pascua. Estudio que pretende sustentar a nivel de subcuenca y con base en esa información, diseñar la estrategia de intervención de las comunidades y justificar así la intervención de los ríos con proyectos de generación hidroeléctrica.

Lo que resulta extraño por decir a lo menos de todos estos estudios, es que el mismo estudio que esta realizando la Universidad de Concepción, fue realizado en el año 2005 y extrañamente los resultados nunca se hicieron públicos; lo que lleva a considerar seriamente que al parecer el estudio no obtuvo los resultados que se quería en ese entonces y se vuelve a hacer; solo que esta vez con objetivos predeterminados y protocolizados.

La batalla en contra de HidroAysén que se dio durante la segunda parte del primer gobierno de Michelle Bachelet y durante todo el gobierno de Sebastián Piñera, se pensó que había clarificado que los proyectos hidroeléctricos pretendidos en Aysén, no era una buena opción de desarrollo para Chile y especialmente para Aysén, dado su perfil netamente ambiental; porque en esencia los emprendimientos energéticos no representaban una necesidad real y simplemente respondian a un negocio muy lucrativo de beneficio de la transnacional. La supuesta falta de energía para uso domiciliario con que se justificaba los proyectos nunca lo fue; omitiendo que en la actualidad contamos con 500 MW listos para ser integrarlos al Sistema Interconectado Central (SIC) y que en la actualidad 4000 MW están en proceso de construcción y que tenemos 8 mil MW con resolución ambiental, que en un par de años a lo más estarán a disposición. Entregándonos  un total disponible de 25 mil MW.

Si a eso le sumamos los 10 mil MW que están por ser aprobados, la supuesta falta de energía de la que hablan los interesados en represar no es tal y no hay duda alguna que el destinatario final de la energía que se generaria en Aysén, tiene como objetivo la mega minería privada a más de 2500 kilómetros de distancia en el norte grande y Argentina. Realidad que no ameritaría bajo ningún supuesto, que el gobierno deba involucrarse y su rol debería ser otro completamente diferente, de ser un árbitro imparcial, que defienda los derechos de las comunidades y las prioridades de Aysén, velando que los proyectos sean profesionales y cumplan con los protocolos de diseño y operación.

En segunda instancia, esta reconocido que ambos proyectos energéticos-HidroAysén y Central Río Cuervo-, fueron aprobados con serias omisiones medioambientales y en ambos no se consideraron los impactos en las comunidades y en el caso de Central Río Cuervo, no se considero la seguridad física y psicológica de las comunidades aledañas. En su momento se hicieron sendos informes dando cuenta de la debilidad de los proyectos en CONAF, SAG y SERNAGEOMIN , que costó la salida de muchos profesionales, que no dudaron en enfrentar los intereses creados encarnados en el mismo gobierno. Incluso la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados ante la gravedad de las denuncias realizadas desde las reparticiones públicas, realizó una exhaustiva investigación sobre el proyecto y cómo se había llegado a su aprobación, presentando un informe final, que dio cuenta de las serias irregularidades que se cometieron para que HidroAysén fuese aprobado.

En la actualidad está claro que el gobierno, por medio de estos seudos estudios ordenados desde el ministerio de energía, pretende manipular la información en las comunidades, desinformando sobre los verdaderos objetivos del estudio, que no es más que sustentar la intervención de los ríos de Aysén, explicando entre otras cosas, el porqué existe tanta renuencia por parte del gobierno de la NM de concretar la promesa de campaña de descentralizar la toma de decisiones en regiones y que se pueda elegir un intendente por voto directo y contar con los recursos necesarios para emprender el cambio a nivel regional; porque indudablemente estos proyectos no tendrían asidero en esa perspectiva y el gobierno perdería la capacidad y la potestad de intervenir las comunidades con sus intereses.

Cuando analizamos el posible represamiento de los ríos de Aysén y su vigencia política en la actualidad, lo relacionamos fácilmente con el ministro de energía, Máximo Pacheco Matte. Tal como podemos relacionar directamente a Pablo Longueira, ex ministro de economía de Sebastián Piñera, con la aprobación mañosa de la ley de pesca. La llegada de Pacheco Matte a la cartera de energía, ha sido como representante de los intereses del grupo Luksic al interior del gobierno, con la misión de generar las condiciones que sean necesarias, para llevar adelante los proyectos energéticos planificados en el pasado para Aysén, que durante el gobierno de Piñera no pudieron concretarse, que la matriz empresarial del Ministro Pacheco Matte le ha ordenado llevar adelante, sin importar las consecuencias y que beneficiarian a ellos.

Según mi punto de vista, el gobierno de la NM está aliado con el Grupo Luksic en los temas energéticos y mineros, más que nada por que el grupo financió la llegada a la Moneda de la NM, hipotecando desde el comienzo los objetivos de la cartera de energía y minería en su protocolo de trabajo, dando pie para que se puedan intervenir las comunidades con estudios de campo, sacando provecho de las comunidades, para lograr los objetivos predeterminados, presentando lo bueno de sus intenciones y nada de lo malo, sin que las comunidades puedan contar con información fidedigna y sin poder contar con una contraparte profesional que presente el otro lado de la medalla de los proyectos energéticos que pretenden y sin poder hacerle una auditoría a los estudios presentados posteriormente por el gobierno.

El ministerio de energía tiene como objetivo antes del término del actual mandato de la NM, sacar adelante la ley de asociatividad a como de lugar, que permitiría que las empresas transnacionales puedan asociarse con las comunidades y desarrollar proyectos de todo tipo, pero muy especialmente energéticos y mineros, pasándose por encima de la soberanía nacional. Bastaría con pagar a las comunidades para desarrollar cualquier proyecto de desarrollo y sustentados en una ley de la república, sin tomar en cuenta la proyección cultural, ambiental, social y económica de las comunidades y los intereses de Chile propiamente tal, para intervenir territorialmente y eso no es más que legalizar pagar por destruir y contaminar.

Aysén como un todo depende de la calidad de su medio ambiente en todas sus actividades, tanto productivas como de servicios; además esta comprobado que intervenir ríos con proyectos energéticos con tecnologia del pasado en el mundo del futuro como son HidroAysén y Central Río Cuervo, es totalmente contraproducente y la supuesta necesidad de energía, más que un problema PAÍS, es de orden empresarial privado de la mega minería que ellos mismos deben resolver. La única manera de solucionar el problema energético de la mega minería privada, está, en que estas empresas desarrollen proyectos de energías renovables en sus mismos emplazamientos y no a miles de kilómetros, interviniendo ríos y destruyendo regiones.