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Si en cada proceso electoral se respetara realmente la voluntad soberana del pueblo, los resultados debieran destacar explícitamente el número de los que se abstienen de votar, anulan su sufragio o lo dejan en blanco. Enseguida, el porcentaje de los votos que marcaron preferencia por algún candidato debiera deducirse de la cifra total de ciudadanos del registro electoral. Sólo así sabríamos qué apoyo efectivo tienen los candidatos electos que se constituirán, luego, en los municipios, el Parlamento o en La Moneda. Cuando los comicios pasan, es habitual que quienes resulten elegidos se ufanen de su respaldo popular, cuando en realidad a su apoyo debieran descontar el 40, el 50 o el 60 por ciento atendiendo las cifras reales del ausentismo electoral.

Un sistema que dé cuenta de la actitud de los que no votan serviría para dejar de abochornar más a quienes en la primera vuelta presidencial obtuvieron cifras de menos del 2 o 3 por ciento, a ver si con ellas buscan otros derroteros políticos que insistir en organizaciones de muy escuálida representación ciudadana. En este sentido, parece absurdo que las encuestas se hayan consolidado en nuestro país como instrumentos más efectivos y reveladores de la opinión pública que los resultados de estas elecciones que solo concluyen en  reconocer el voto de los que concurrieron a las urnas, aunque en su conjunto son muchos menos que los que se quedaron en sus casas.

Las dos últimas convocatorias electorales desplegaron una cantidad nunca vista en Chile de competidores, además de un dispendio propagandístico multimillonario. Pero ni así motivaron siquiera el sufragio de la mitad de los ciudadanos.  Y la situación en la segunda vuelta electoral resultó todavía más dramática con ese 60 por ciento de chilenos renuentes a ejercer sus derechos cívicos, lo que en realidad deja a toda la clase política, y en particular a la Presidenta Electa, en una difícil situación de representatividad. Más allá de que nuestra Ley Electoral le reconozca el triunfo, lo cierto que en cuanto a un real respaldo ciudadano tanto ella, los partidos que la apoyaron y todos los que perdieron han recibido el desdén de la amplia mayoría de la nación. Menos mérito y solvencia tienen, todavía, los diputados y senadores electos bajo un sistema electoral cuestionado ampliamente por el país por excluyente y forzar resultados que solo reconocen a las dos primeras mayorías dentro de un universo muy variado de opciones políticas.

Obviamente que quienes se abstuvieron tuvieron muy diversas razones para no sufragar. Sin embargo, es innegable que en esta actitud no hay sólo desidia, ignorancia o pereza cívica. En veinticinco años de posdictadura,  poco o casi nada se ha avanzado en consolidar democracia y un orden institucional refrendado por el pueblo; lo cierto es que el ausentismo electoral es indicador del repudio general hacia quienes han gobernado en todo este tiempo y tan poca efectividad han demostrado en atender las demandas de los chilenos. Es increíble que, después de cinco administraciones siga vigente, no sólo la Constitución de Pinochet, sino los propios señalamientos del orden económico, social y cultural impuesto por el régimen de facto. Una estrategia de “desarrollo” que ha profundizado las desigualdades entre la población y tiene a un país francamente indignado con la realidad de la educación, los despropósitos de la previsión, de la salud, además de la inseguridad laboral, la precariedad del salario y la inseguridad.

La consolidación de un duopolio político que controla el Parlamento, y que a la hora de alternarse en el Gobierno no demostró diferencias de orientación y estilo, tiene más, que decepcionada a la ciudadanía que además contempla la creciente corrupción de sus representantes y la ineptitud de las instituciones del Estado. Las cifras del gasto electoral quedarán sin transparentarse después de estos últimos escrutinios y el país solo podrá sospechar de dónde los candidatos obtuvieron tan altas sumas de dinero cuando se materialicen sus proyectos de ley, vuelvan a postergarse las demandas socioeconómicas, se prorroguen los privilegios a los inversionistas privados y continúen las granjerías de los “representantes” del pueblo y de las Fuerzas Armadas.

De hecho, quien ha resultado ganadora más bien eludió durante toda su campaña y los debates públicos cuestiones tan importantes como el mecanismo que definirá para dotarnos de una nueva Constitución, fuera de prometer la organización de comisiones de estudio para encarar una reforma previsional, entre otras importantes materias. Incluso en cuanto a la prometida gratuidad de la educación, es evidente que Michelle Bachelet mantuvo una errática posición para al final advertirnos que ésta tomará varios años en concretarse, incluso más allá de los propios cuatro años de su nuevo gobierno.

Es evidente que a la clase empresarial se le han entregado certezas respecto de que las garantías o privilegios que les otorga un sistema tributario generoso y servil en que nuestra principal riqueza, el cobre, se extrae y se remite al extranjero sin redituarle al país lo que debiera, si se considera que se trata un recurso no renovable, o si se atendieran las reglas del juego que los estados dignos de la Tierra le imponen al capital extranjero. Si con la discusión de la Ley de Pesca pudimos advertir un lobby repugnante para digitar el voto parlamentario, imaginémonos los recursos que pueden haber destinado las transnacionales del cobre, de la energía y del agua para asegurarse lo que propiciaron sin pudor: que la contienda presidencial se resolviera solo entre las dos candidatas que finalmente llegaron a la segunda ronda.

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