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Por Carolina Carrera, PresidentaCorporación Humanas [6]

La papeleta de las elecciones municipales de octubre próximo nuevamente tendrá escasas mujeres, confirmando una vez más las barreras que ellas experimentan para acceder a puestos de decisión.

Aún cuando a nivel discursivo muchos políticos y dirigentes varones dicen valorar el que haya más mujeres en el poder, pareciera siempre terminar pesando el que la entrada de algunas implica la salida de otros.

En las municipales 2012, la participación de mujeres en la contienda electoral no sólo es baja, 14,7%, sino que disminuyó en relación a elecciones municipales anteriores (17,2% en 2008), lo cual evidencia la incapacidad del sistema político de representar igualitariamente a ciudadanos y ciudadanas.

Peor aún, quienes actualmente ocupan los cargos (los incumbentes) son mayoritariamente varones que tienen mayores ventajas para enfrentar una reelección, lo que para las mujeres aumenta la dificultad de posicionar un nuevo nombre en la competencia política.

Lo anterior es una vez más la demostración de que uno de los problemas que presenta el sistema político chileno y que debilita la calidad de la democracia, es la baja participación de mujeres en espacios de toma de decisión pública, sean estos cargos de elección popular o de designación.

A nivel internacional se multiplican los reproches al Estado de Chile por su incapacidad de garantizar debidamente los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, en particular sus derechos civiles y políticos, como el derecho a ser elegidas y tomar parte en las decisiones públicas. En ese sentido, cabe recordar que en octubre próximo el Estado de Chile deberá rendir examen ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y tendrá que hacerse cargo allí de sus deudas.

No es de extrañar, entonces, que la política sea uno de los ámbitos donde las mujeres se sienten mas discriminadas (74%), según la Encuesta Humanas 2011. A ello se suma la percepción de que los partidos políticos dan pocas oportunidades a las mujeres (60%) y la convicción de que se requiere una ley que obligue a que cierto número de cargos públicos sean ocupados por mujeres (80%).

Ajeno a esas demandas, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley de primarias que al no incorporar el mecanismo de género propuesto por las organizaciones de mujeres, constituirá un obstáculo más en la participación política de las mujeres. La baja inserción laboral femenina (48%), las brechas salariales de hasta un 30% con sus pares varones por igual trabajo y las restricciones en el acceso a créditos bancarios, son algunas de las trabas que enfrentarán las candidatas a cargos de elección popular en las campañas electorales, obstáculos que se multiplicarían con las primarias.

En este escenario, si bien las primarias aparecen como un mecanismo democrático, la literatura y la experiencia internacional dan cuenta de que en el caso de las mujeres este mecanismo se vuelve incluso antidemocrático.

Por ello, la discusión sobre reformas políticas como la modificación al sistema electoral, las elecciones primarias, la reforma a la Ley de Partidos Políticos, el financiamiento y gasto electoral y la elección directa de consejeros regionales, entre otras, requiere reorientar el debate poniendo en el centro la profundización democrática y la plena vigencia de los derechos humanos, lo que inexorablemente pasa por garantizar la participación política paritaria entre hombres y mujeres.