Este martes en la Cámara de Diputados se llevará a cabo la votación sobre el proyecto de ley que establecerá un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, luego que el Gobierno le aplicara suma urgencia.

Existe consenso en que esta iniciativa, que entre sus principales puntos  incluye la derogación de la Ley Reservada del Cobre, es un gran avance en vías de mejorar la transparencia del sistema de financiamiento de Defensa y la calidad de la gestión presupuestaria, pues pasarán a ser parte de la discusión del Presupuesto Anual del país por parte del Congreso, quienes también tendrán mecanismos de control y fiscalización del sistema.

Pese a ello, la propuesta también ha recibido varias críticas, pues además de que la derogación de la normativa que destinaba los excedentes del cobre a las FFAA podría incrementar las posibilidades de una eventual privatización de Codelco, se instaura la creación de un Fondo de Contingencia, donde se utilizarían los fondos acumulados por la ley reservada del cobre, que alcanzan los 3 mil millones de dólares.

El diputado DC  de la comisión de Hacienda, Ricardo Rincón, puso la alerta sobre este punto, criticando que mientras la reforma tributaria pretende recaudar 700 millones de dólares para los gastos en Educación, se destinen 3 mil millones de dólares para la compra de material bélico en “ventas de oportunidad”.

“El proyecto del gobierno busca que esas platas pasen a formar parte de un Fondo de Contingencia, entre otras cosas, para la compra de armas en ventas de oportunidad, que son aquellas que se producen cuando países más desarrollados y con mayor capacidad dan de baja armamento que está total y absolutamente vigente, que no está obsoleto. Si el propio Gobierno está sacando de tratar adelante una seudo reforma tributaria, me parece una dicotomía pretender hacer una reforma por 700 millones de dólares y aprobar un Fondo de Contingencia para compra de armas para ventas de oportunidad por 3 mil millones de dólares”, cuestionó el parlamentario.

Para el presidente de la comisión, el diputado UDI Jorge Ulloa, las críticas de Rincón son infundadas, pues “son materias demasiado técnicas, hay gente que está viendo fantasmas donde no existen y, naturalmente, ellos son libres de establecer esas prevenciones, pero yo no las veo”.

Ulloa indicó que el único aspecto negativo que se le podría atribuir a esta normativa es “si el momento es el preciso para legislar, porque hay personas que ven que, a lo mejor, este es un tema inapropiado por el momento que se vive respecto de las relaciones vecinales, para no generar ruido innecesario”.

Sin embargo, para el director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, quien también participó de la discusión del proyecto de ley  en la comisión de Hacienda, el nuevo sistema  posee varias aristas que se pueden cuestionar.

“No hay un cambio significativo en varios temas. Uno, mantiene los pisos presupuestarios del año ‘89 que se va mejorando de acuerdo al IPC, se establece un piso mínimo para la compra de armas y, además, un presupuesto plurianual, donde se disminuye el rol del Congreso en la definición de ese presupuesto. También mantiene ciertos privilegios que la Fuerzas Armadas ya tiene y que son innecesarios para la madurez democrática que tenemos en Chile”, aseguró el académico de la UDP.

Además, el experto indicó que si bien se amplía la participación legislativa, ésta se coarta con la mantención de los pisos mínimos de financiamiento, que son arbitrarios y manifiestan un carácter de desconfianza frente a lo que pudiera decidir el Legislativo si se posibilitara su discusión durante el presupuesto.

Asimismo, la compra de material bélico se definirá a partir de una Estrategia Nacional de Defensa, establecida por el ministerio del ramo y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y en la que el Parlamento no podrá participar.