Marco Enríquez-Ominami junto a Camilo Lagos, vicepresidente del Partido Progresista (PRO), entregaron su pleno respaldo a las reivindicaciones que han movilizado a los habitantes de Aysén, y junto con criticar la respuesta que el gobierno ha dado frente a  esta crisis,  insistieron en que el origen del problema es la enorme inequidad económica y política existente en Chile, en particular en sus regiones.

Enríquez-Ominami respaldó fuertemente la demanda por un Salario Mínimo Regional, y recordó que esta idea fue planteada por el movimiento progresista durante el 2010, cuando se discutió el tema del Salario mínimo ético. “La demanda de los habitantes de Aysén es absolutamente legítima. Transantiago es una política de subsidio a la región metropolitana, y a la que ya se le ha otorgado cerca de USD 3.000 millones. Aysén vale tanto como Santiago, y los progresistas defenderemos eso”. 

El dirigente progresista profundizó en las causas de esta crisis, señalando que Chile debe avanzar hacia mayor federalismo. “Desde el 2009, venimos señalando que Chile tiene una crisis de centralismo. La solución a esta crisis, como a la de Magallanes o Calama el 2011, es avanzar hacia el federalismo. Los problemas de Aysén deben resolverse cerca de Aysén y no en Santiago”.

Sobre la respuesta del gobierno a las demandas del movimiento social en Aysén, Enríquez-Ominami señaló que “las demandas de inequidad no pueden ser respondidas con lagrimógenas”. A su juicio, Chile vive una crisis de inequidad que se perpetúa por años, donde tanto la Concertación como la Derecha son responsables, y habría llegado la hora del coraje político para enfrentar esta inequidad.

Camilo Lagos, por su parte, criticó los proyectos de ley que ha presentado el gobierno frente a la crisis, los que a juicio de la tienda progresista, tienen un marcado énfasis pro-empresa, y que no aseguran mayor equidad. Indicó por ejemplo, que el proyecto que extiende hasta el 2025 el subsidio de un 17% que se entrega a las empresas por contratación de mano de obra, sobre remuneraciones que no excedan $181.000, lo que hace es estimular precisamente bajos salarios. “Con un 4,2% de desempleo, Aysén está prácticamente en pleno empleo. Por tanto, no estamos frente a un problema de empleo, sino de distribución de las riquezas de la región. Las empresas salmoneras han quintuplicado sus utilidades en los últimos años, pero los salarios no reflejan lo anterior. Urge impulsar una reforma tributaria, y obligar a las empresas a pagar un salario mínimo mayor”.