POR VOTA INTELIGENTE

Un triunfo histórico se anotaron  las organizaciones de la sociedad civil miembros de la Iniciativa por la Transparencia Parlamentaria luego de que la Sala de la Cámara de Diputados aprobara y despachara al Senado el proyecto  que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que actualmente limitaba el acceso de la ciudadanía a los registros de las sesiones de comisiones parlamentarias.

La Iniciativa por la Transparencia Parlamentaria está compuesta por la Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Corporación Participa, Chile Transparente, Pro Bono, Ciudad Viva y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, quienes realizaron un intenso trabajo en el Congreso para explicar a los parlamentarios la importancia de facilitar el acceso de la sociedad civil al trabajo legislativo.

La reforma aprobada por la Cámara contempla, entre otras cosas, la obligatoriedad de los registros y  el acceso  público  a las reuniones de  comisiones –con la autorización de la mayoría de los parlamentarios presentes–, así como también establece la obligación de publicar en el sitio web del Congreso  los registros de las mismas.

Además, las sesiones deberán ser transmitidas en línea y serán de dominio público los acuerdos adoptados, los informes emitidos, la asistencia de los parlamentarios e invitados, las votaciones y el registro de audio del debate desarrollado en ellas.

Un logro importante de la Iniciativa por la Transparencia, que asistió a varias de las sesiones tanto para hacer sus propuestas como a presenciar el debate,  fue el logro de mantener en 2/3 de los miembros de la comisión para declarar una sesión como secreta. Fue el último punto que se acordó ya que existían parlamentarios que buscaban bajar este quórum.

Para la Iniciativa por la Transparencia este paso es fundamental, ya que permite acercar a los ciudadanos y ciudadanas al trabajo legislativo, lo que además de un ejercicio de la transparencia, permite potenciar el rol fiscalizador de la sociedad civil a las autoridades.

En esta misma línea, la iniciativa legal estipula que los directivos de la administración pública y de empresas públicas que se nieguen a entregar la información que les sea requerida por los parlamentarios se expondrán a ser sancionados por la Contraloría General de la República.

Noventa votos a favor y una abstención (de Jorge Ulloa, UDI) fue el registro del contador electrónico de la Sala de la Cámara durante la mañana de ayer. Un resultado que da crédito a los meses de trabajo de las organizaciones pro transparencia que, durante el 2010, intervinieron en tres ocasiones ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; en busca de una legislación más transparente.

A pesar de los avances alcanzados, fundamental resulta que el Senado continúe con la tramitación de este proyecto en la misma línea en que lo hizo la Cámara Baja y que se aproveche esta oportunidad para analizar otros aspectos relevantes en materia de transparencia, como el acceso a la información a través de formatos open data, mayor participación de la ciudadanía en el proceso de formación de la ley y la autonomía de la Comisión de Ética y Transparencia la cual actualmente, actúa como juez y parte.