El 30 de noviembre se definirá la Ley de Presupuesto que regirá el actuar del Ejecutivo durante el próximo año, y que como ya fue anunciado, será bastante restringido. Ante esta situación, parlamentarios de oposición han reaccionado adelantando un posible rechazo al proyecto si no se asegura financiamiento coherente con las actuales demandas sociales de educación pública y gratuita.

En ese sentido, el Presidente Sebastián Piñera señaló que le parece “una irresponsabilidad y una falta de compromiso amenazar con rechazar la Ley de Presupuesto”, dijo el jefe de Estado.

A juicio del ministro Cristián Larroulet “el sistema tributario se puede perfeccionar, pero no vamos a hacer una discusión de Ley de Presupuesto introduciendo la incertidumbre de una discusión tributaria, especialmente en un momento de inestabilidad económica grave en el mundo”, señaló el jefe de la Secretaría General de la Presidencia.

Por su parte, el portavoz de La Moneda, Andrés Chadwick, reiteró que no descartan una modificación al sistema tributario, sin embargo creen que debe ser una discusión posterior.

“Lo que está planteado, está financiado. Cosa diferente es que no sea un tema tabú, tal como lo ha dicho el Presidente, que más adelante podamos ver si se requiere o no una modificación o una reforma tributaria. Esperamos convencer a los parlamentarios que no es una buena idea porque genera una incertidumbre sobre la Ley de Presupuesto sobre sus gastos e ingresos y no hay que olvidar que este texto tiene que ser despachado en noviembre”, dijo el secretario de Estado.

Por su parte, el presidente del Senado Guido Girardi (PPD) ya ha declarado en varias ocasiones que rechazará el proyecto si no se asegura el financiamiento de las demandas del movimiento social por la educación, y que para ello, como ha sido demostrado por varios estudios, es necesaria una reforma tributaria que asegure un esfuerzo permanente del Estado.

De igual forma, el senador DC Jorge Pizarro pidió que se asegure el aumento de recursos que se ingrese en el Presupuesto, y afirmó que para ello el gobierno debe abrirse a un debate en torno a una reforma tributaria.

“Tenemos un acuerdo que implica plantearle derechamente al Gobierno que tiene que aumentar las partidas para poder satisfacer la demanda nacional de mejorar la cobertura y la calidad de la educación universitaria básica y media. Para tener esos recursos tienen que haber ingresos permanentes que hoy no están establecidos en la Ley de Presupuestos. El fondo que mandó el Presidente requiere un ingreso especial como el de fondo de la previsión social”, precisó el legislador.

Desde la academia, Carlos Arrué, abogado e investigador del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz  (ICAL) plantea que es imprescindible modificar la estructura impositiva del país, no sólo para dar cumplimiento a las demandas sociales contingentes, sino que para redistribuir la riqueza y hacer de Chile un país menos desigual.

“Por una parte, se puede aumentar la carga tributaria a las empresas porque fundamentalmente estamos hablando de grandes compañías. Por otro lado, hay otras cosas que tienen que ver con la tributación que aporta la gran minería pensando sobre todo en el alza sostenida que ha tenido el precio del cobre”, dijo.

Arrué insiste en que hay que modificar el sistema tributario regresivo que tiene Chile, y que hay que aumentar el impuesto a la gran minería y a otras empresas que explotan recursos nacionales, sin pasar a llevar a las pequeñas y medianas empresas que sostienen la ocupación laboral en el país.

“Esas firmas podrían efectivamente tributar más y contribuir a la sustentabilidad ambiental al igual que las mineras, sin que eso produzca un perjuicio a su actividad económica. Las rentabilidades que hoy alcanzan estas compañías o la banca, por ejemplo, son gigantescas”, comentó.

La discusión parlamentaria continuará hasta fines de noviembre cuando el Congreso rechace o acepte las indicaciones que pueda negociar la comisión mixta presupuestaria antes de la votación final, ya que un rechazo provoca que entre en vigencia el proyecto presentado por el Ejecutivo.