Aunque las encuestas digan que la ciudadanía en general no esta interesada en política a decir verdad no es tan así, lo que verdaderamente sucede es que en términos generales esta hastiada ante un mundo gubernamental y parlamentario que hace caso omiso de los verdaderos objetivos que deberían tener y de las relaciones incestuosas con el mundo empresarial. Es indudable que los últimos gobiernos han sido mediocres y no han alcanzado las expectativas que han provocado, que más que aportar han destruido la proyección social al poner por encima los intereses corporativos; de ahí el porqué la ciudadanía en la actualidad este poco involucrada; pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que no este interesada en el proceso y según mi parecer, eso se verá reflejado en las próximas elecciones municipales y en las parlamentarias y presidenciales posteriormente, que irán en contra de todos los pronósticos y la ciudadanía volverá a las urnas y con un voto más responsable y se castigarán a todos aquellos políticos que los han engañado sistemáticamente, si es que estos osan ser candidatos.

Los partidos políticos en general y sobre todo los llamados tradicionales, nunca han representando los intereses ciudadanos o del país como un todo, lo que representan son los intereses propios como organización y eso en sí mismo bajo la realidad actual los deslegitima totalmente sobre todo en regiones, donde se nota más esa dicotomía, pero no por sus fundamentos o por sus ideologías, si por quienes administran y lideran estas organizaciones de intereses creados y que ejercen su autoridad incontestable para perpetuarse en el poder sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de las regiones.

Mucho se ha hablado en los últimos años de la importancia de la participación ciudadana, muy especialmente desde los partidos políticos, argumentando que sin ella es imposible hacer un buen gobierno. Los últimos tres gobiernos han tenido este fundamento como eslogan de campaña, estimulando teóricamente para que la ciudadanía se involucre, pero como siempre sucede ha sido solo un discurso publicitario y nada más, al final no se ha tomado en cuenta las formas y métodos que representan a los ciudadanos, de ahí los gruesos errores cometidos en las reformas en educación y salud solo por dar ejemplos concretos.

Una prueba fehaciente de esa realidad es que a pesar de todas las promesas aún no se ha podido concretar la anhelada descentralización de las regiones. Todos sabemos que eso se debe a que desde el mismo gobierno y apoyado por nuestros parlamentarios, no quieren que la descentralización se concrete, porque significa una pérdida importante de poder en la toma de decisiones, ante regiones que descentralizando quedarían empoderadas y dueñas de su destino, no en la dependencia total como ocurre en la actualidad ante la Moneda y que muchos de los actuales parlamentarios tendrían que irse para la casa.

Dentro de la ciudadanía en forma general no hay dos opiniones ante el tema de la constitución del 80 y que debe sustituirse y que si aplicaramos el sentido común republicano, debería realizarse un plebiscito para decidir la cuestión en forma definitiva y sobre todo en la forma ante la propuesta que realizó la Pdta Bachelet. Es urgente y necesario si verdaderamente queremos avanzar y no seguir entrampados en el pasado en el mundo del futuro y bajo este sustento, tener la capacidad de concretar una carta magna representativa y de acuerdo con los nuevos tiempos ante los desafíos que están por venir, que no son pocos y que son altamente complejos ante la realidad actual de nuestra sociedad.

No podemos olvidar el fundamento histórico con que se aprobó la constitución del 80, diseñada en plena dictadura, bajo un ambiente distorsionado, agresivo y tóxico, donde literalmente reinaba una angustia social que hoy es imposible de describir en palabras, ante la represión agresiva que se vivía en esos años, ante las ideas y los fundamentos de las ideas. Recuerdo perfectamente el miedo que sentía el país como un todo al tener que ir a las urnas, todos sabemos que hubo una manipulación agresiva en todos los sentidos posibles para que la constitución fuese aprobada. Muchos olvidan que el proceso se llevó a cabo, ante la insistencia de Naciones Unidas, que obligaron a la dictadura a crear una base constitutiva para de alguna manera “legitimar la dictadura” y que en esos años internacionalmente se le llamaba “gobierno militar”.

La constitución fue redactada bajo los intereses creados del mundo corporativo que se estaba formando en ese entonces y que eran parte de la dictadura. Por eso mismo la constitución del 80 carece de fundamentos democráticos, esta llena de trampas estructurales, con hostilidad hacia las mayorías, coartando de manera muy inteligente los intereses ciudadanos y que este no pudiera decidir su propio destino, sometiendo los recursos naturales del país bajo una administración comercial que los privatizó, legalizando la expropiación de cientos de propiedades y negocios del Estado, propiciando el enriquecimiento ilícito de muchos seudos empresarios que hasta ese momento eran simples profesionales. Por eso entre muchas otras cosas la constitución del 80 es contradictoria bajo todo punto de vista hacia los intereses del país, privilegiando intereses privados, que de acuerdo con la realidad actual ante la proyección del mundo moderno ante las innumerables crisis, se hace inconcebible, porque carece del respeto que se le debe a una ciudadanía que tiene muy claro sus derechos y obligaciones.

Si las instituciones funcionaran como debe de ser, es indudable que bajo el fundamento académico reinante en una república con un modelo presidencialista como el nuestro, la nueva constitución podría perfectamente podría haber sido redactada por el mismo congreso. Es más, si en el 2005 hubiésemos decidido redactar una nueva constitución y no las reformas que se hicieron, que no cambiaron en nada el fundamento, lógicamente la tarea se habría consolidado desde el mundo parlamentario y nadie hubiese puesto reparo alguno a esa decisión.

Pero en la actualidad el mundo parlamentario no cuenta con la confianza de la ciudadanía y lo que es peor, lo que se ha podido apreciar es que a pesar de todo los parlamentarios nada hacen para revertir esta realidad y cada día que pasa encontramos nuevos escándalos y actitudes que nos dicen que no son de fiar, con malos procederes y decires, que demuestran que los parlamentarios (salvo escasas excepciones) no tienen la madurez y la intención real de mejorar el país, que lo único que les interesa y los motiva verdaderamente es no perder el poder, el estatus y los suculentos sueldos que reciben (los más altos entre los países miembros de la OCDE) para seguir financiándose a costillas de todos los chilenos, que trabajan por sueldos paupérrimos, con una educación deplorable y una salud miserable.

En un pasado no tan distante los chilenos nos referíamos a nuestros parlamentarios como los “honorables”, creíamos que tenían enraizado el espíritu del servicio público y un patriotismo fuera de todo cuestionamiento, que el objetivo de todos ellos era trabajar por un Chile mejor para todos y no solo para algunos como nos hemos dado cuenta en el último tiempo. Pero a decir verdad eso fue una ilusión efímera y fundamentada principalmente porque no teníamos acceso a la información de cómo actuaban y como se tomaban las decisiones en el congreso; una vez que Chile se digitalizo y tuvimos acceso por medio de las redes sociales a toda la información en tiempo real, sencillamente se nos cayó la estantería.

Los actuales parlamentarios confían en la ciudadanía para recibir el voto y ser elegidos, en todo lo demás le quitan competencia y eso es inaceptable en la actualidad en un mundo digitalizado. La comisión Engel es un claro ejemplo de esa ambigüedad del mundo político ante el trabajo ciudadano -ad honorem-  que no es reconocido y respetado como debe ser. Aunque se crea la comisión como una intención de consolidación política, lavar la imagen ante una crisis histórica de un gobierno que ha dejado mucho no en sus intenciones y si en sus formas. Una vez que fueron expuesto los resultados y como el diagnóstico final creaba una seria contingencia para los parlamentarios y los partidos políticos, los mismos que pidieron la comisión se hicieron los desentendidos y los parlamentarios sacaron de contexto las resoluciones y más encima se justifican hablando de las bondades del modelo y que gracia a él el país se ha consolidado. Cuando en verdad eso no es así y más que nada es un discurso ideológico que desarrollan los grandes empresarios y que los parlamentarios repiten para confundir a la ciudadanía. Si el modelo funciona tan bien como dicen entonces porque las reformas.

Siempre nos han dicho que Chile a crecido en los últimos 20 años, que somos un ejemplo, pero eso a ciencia cierta no dice nada y no significa que nos hemos desarrollado bajo ningún supuesto. Crecimiento es la medida de los bienes y servicios producidos por un país, su indicador más importante es el PIB que define en dolares lo que produce resultante de las exportaciones, ventas y activos, pero eso es solo un indicativo del total y no representa lo que se gana en media un trabajador chileno y su calidad de vida. Desarrollo es la medida en que se mejora la calidad de vida de la población, sus indicadores más importantes están la empleabilidad, su calidad y su remuneración real, la calidad de la cobertura de salud, la calidad de las jubilaciones y el PIB real per cápita y en Chile en todos estos aspectos fundamentales estamos al debe y por mucho. Crecimiento es parte del proceso de desarrollo y no el objetivo en sí mismo como nos han hecho creer por tantos años desde el mundo político-empresarial. Sin duda necesitamos una nueva constitución, si queremos sustentabilidad política y social para las proximas decadas y para ello es indudable que una asamblea constituyente es el único camino a seguir, pero bajo condiciones sustentables y miembros con perfiles adecuados y que estos puedan contar con un financiamiento adecuado ante la responsabilidad que merita la situación y lo que conlleva redactarla y que esta sea entendida y que no se transforme en un extenso manifiesto ideológico inentendible.Debe ser claro, acotado en lo posible, con una redacción y un vocabulario tal que no lleve a interpretaciones varias.

Por Andrés Gillmore