La descentralización es un proceso eminentemente político, que apunta a la redistribución del poder entre los distintos entes territoriales del Estado. A través de este proceso, compatible con el Estado Unitario, se reconoce el legítimo derecho de los habitantes de las Regiones para que directamente, o a través de sus representantes, gestionen autónomamente los asuntos relativos al desarrollo de sus respectivos territorios.

Debemos querer un país que fortalezca su confianza en la sociedad civil, que otorgue más poder a la ciudadanía, que estimule su participación activa en las decisiones que le atañen a su barrio, su comuna, su provincia, su región, con un estilo de gobierno cercano a la gente y con una política más comprometida con la distribución equitativa de los recursos. En definitiva, se requiere una Política de Estado sobre Descentralización.

Esta imagen de país requiere de un Estado moderno, eficaz y transparente, que ha ordenado territorialmente sus actividades y responsabilidades; que sea capaz de interpretar las aspiraciones de cada una de sus Regiones y contribuya en forma efectiva a su realización; que reconozca el legítimo derecho de sus habitantes a decidir y gestionar los asuntos propios de sus territorios. Para alcanzar este objetivo, necesitamos Gobiernos Regionales con mayor autonomía.

La Autonomía Regional, solo se logrará, separando definitivamente las líneas de Gobierno Interior y Gobierno Regional. La de Gobierno Interior estará a cargo del Intendente como representante del Presidente de la Republica en la Región, y de los Gobernadores, en las Provincias. La de Gobierno Regional, constituidos por su Ejecutivo, bajo la denominación de Presidente del Gobierno Regional y el Consejo Regional.

No basta la elección directa de los Consejeros Regionales, sino, elegir a todos los miembros que conforman el Gobierno Regional, en caso contrario, estamos hablando de una democracia a medias.

Los Gobiernos Regionales deberán ser fortalecidos, contando con todas aquellas funciones y atribuciones necesarias para gestionar efectivamente las competencias de impacto regional y, en lo financiero, disponer de patrimonio y presupuesto propio, respaldado por una Ley de Rentas Regionales. Estas medidas son indispensables para asegurar una verdadera profundización de la democracia y del proceso de la descentralización político-administrativo del País, que se traduce en definitiva, en la democratización del poder.

Iván Aedo Morales

Consejero Regional

Vice-presidente del ANCORE