SNA advierte que reforma del Ejecutivo al Código de Aguas adolece de inconstitucionalidades y amenaza el derecho de propiedad

SNA advierte que reforma del Ejecutivo al Código de Aguas adolece de inconstitucionalidades y amenaza el derecho de propiedad

13 Diciembre 2014

El titular de la SNA agregó que el Ejecutivo pretende caducar los derechos de aprovechamiento de parcelas CORA no inscritos en el Conservador de Bienes Raíces en un plazo de 6 meses, pese a que dichos derechos están legalmente otorgados y la propiedad está resguardada por la Constitución.

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La Sociedad Nacional de Agricultura advirtió que algunas de las modificaciones legales que está impulsando el gobierno al Código de Aguas son inconstitucionales y amenazan el derecho de propiedad de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas.

Así lo advirtieron el presidente del gremio, Patricio Crespo, y el fiscal de la institución, Eduardo Riesco, durante su exposición ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, instancia en la que se tramita el proyecto apoyado por el Ejecutivo.

Crespo explicó que en Chile hay más de 330 mil titulares de derechos consuntivos de aguas, gran parte de ellos, medianos y pequeños agricultores “que dependen para su actividad de la certeza jurídica sobre las aguas y la tierra, derechos consagrados y amparados por la Constitución”.

Sin embargo, alertó que esa certeza es la que está hoy en entredicho con el artículo 1ª Transitorio que pretende extender a los derechos de aprovechamiento de aguas ya concedidos ( derechos antiguos) las limitaciones que se proponen al ejercicio de las futuras concesiones de agua que pretende crear el Ejecutivo", sostuvo.

“Cuando hablamos que las nuevas concesiones se verán enfrentadas a amplias limitaciones nos referimos a que podrán ser caducadas a los 4 años si éstas no se han usado o a los 12 años si no están siendo bien utilizados. Lo grave es que el artículo 1ª transitorio pretende extender dicha limitación a los derechos ya otorgados, pese a que la Constitución establece que los derechos concedidos son inmutables. Esto es una amenaza y un cambio a las reglas del juego”, precisó Patricio Crespo, a la salida de su presentación en la Cámara.

El titular de la SNA agregó que el proyecto del Ejecutivo pretende caducar los derechos de aprovechamiento de parcelas CORA no inscritos en el Conservador de Bienes Raíces en un plazo de 6 meses (lo que se realizaría por la derogación del artículo 5° transitorio), pese a que dichos derechos están legalmente otorgados y la propiedad de los mismos está resguardada por la Constitución.

"No se puede privar a los ciudadanos, vía subterfugios, de la propiedad de derechos de aprovechamiento, reconocidos y amparados por la Constitución, con grave afectación de sus patrimonios y la valoración de sus propiedades que garantizan sus créditos de inversión", señaló a los diputados, a quienes enfatizó la dificultad económica que implica para muchos ciudadanos la regularización de derechos que se encuentran ejerciendo legalmente.

Otro punto que abordó Crespo durante su exposición fue el peligro que reviste que las futuras nuevas concesiones sean caducadas y renovadas por la autoridad de turno. "El proyecto entrega amplísimas facultades a la autoridad, tan amplias como que podrá disponer de los derechos constituidos, aduciendo causales tan genéricas como el interés público", subrayó.

Modernizar el Estado y hacer diagnósticos adecuados

Durante su exposición, el presidente de la SNA señaló que el gremio comparte la necesidad de realizar perfeccionamientos a la actual legislación y que, en ese sentido, apoya puntos del proyecto tendientes a asegurar el recurso hídrico para consumo sanitario y resguardo ecológico; facilitar la gestión de las Aguas Potables Rurales, promover el uso eficiente del recurso, fortalecer las facultades fiscalizadoras de la DGA y eliminar vicios que puedan llevar al acaparamiento de derechos, mal uso y especulación.

Sin embargo, advirtió que esta reforma surge de un diagnóstico equivocado que "lleva a proponer modificaciones que no resolverán problemas existentes" y por el contrario "generará nuevos problemas y conflictos".

En esa línea Crespo enfatizó que lo que se requiere es  modernizar el Estado y sus instituciones, recogiendo, por ejemplo, las sugerencias del Banco Mundial que apuntan a racionalizar la enorme dispersión de roles en materia hídrica, funciones repartidas en 5 ministerios y 42 instituciones que "logran esterilizar la labor del Estado".

El timonel concluyó su presentación reforzando "que el agro reclama respeto a sus derechos adquiridos, reconocidos y amparados por la Constitución" y una política de Estado en esta materia que trascienda los gobiernos y las ideologías elaborada por los poderes públicos, la Academia, los especialistas y las Organizaciones de Usuarios.