Columna de Allamand: Mineros atrapados: Democracia y responsabilidad

Una de las grandes diferencias entre las democracias y las dictaduras es que en las primeras las autoridades asumen sus responsabilidades mientras que en las segundas siempre las eluden. En democracia las autoridades públicas no gozan de impunidad frente a los delitos ni de inmunidad frente a la negligencia.
Bajo los gobiernos de la Concertación, el principio de la responsabilidad de las autoridades se erosionó gravemente. Cualquiera fueran las irregularidades, los desaciertos, los abusos, la incompetencia o la ilegalidad manifiesta de sus actuaciones, las autoridades permanecían aferradas a sus cargos.
Varias vanas teorías pretendieron dar fundamento a tal errónea premisa. Para algunos, mientras los Tribunales de Justicia no defenestraran a los funcionarios públicos, no había razón alguna para que éstos abandonaran sus cargos. Sin embargo, cuando la Justicia las emprendía contra alguno, de inmediato surgía la presión corporativa de los dirigentes de la Concertación, quienes iniciaban “procesiones” a los lugares de detención o a los Tribunales con el propósito de presionar a los jueces. Otros intentaron transformar en norma la bizantina la idea de que en nuestro régimen político, la responsabilidad de los funcionarios públicos, cualquiera fuera la naturaleza de ésta, sólo podía ser evaluada por el Presidente. Por último, como muchos altos cargos tenían “doble dependencia” (eran nombrados por el Presidente pero conforme a un rígido cuoteo de los partidos concertacionistas), los funcionarios sentían que debían coincidir ambas voluntades para que debieran abandonar sus posiciones. Sin ir más lejos, en casos como el Transantiago o EFE, por mencionar sólo un par, cuesta identificar a alguien que haya asumido genuinamente su responsabilidad frente a los desaciertos monumentales cometidos.
En definitiva, la irresponsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas, vale decir, la cínica o contumaz negativa a asumir las consecuencias de acciones u omisiones culpables lentamente se fue generalizando.
Por lo mismo, la determinación del Presidente Piñera de solicitar la renuncia de algunos de los jefes máximos de SERNAGEOMIN es una buena señal. A estas alturas, lo inconcebible era que tales funcionaros continuaran en sus cargos. ¿Que pretendían? ¿Seguir en sus puestos como observadores de un drama que no evitaron pudiendo hacerlo? La nueva forma de gobernar, es también recuperar para la democracia el principio de la responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos.