Más allá de la represión: estudiantes hablan sobre la situación económica de la ULA

La manifestación que realizaron ayer los estudiantes de la Universidad de Los Lagos no fue antojadiza. Responde a una situación que se viene arrastrando desde meses y que quedó a la vista hace pocas semanas, luego de que una comisión especial conformada para analizar el tema, exteriorizara el estado financiero de la casa de estudios y emitiera una propuesta para salir al paso.

Así, la comunidad universitaria se entero del estado de endeudamiento: 9600 millones de pesos, a lo que se suma un déficit estructural de 2023 millones de pesos, ante para lo cual, según el consejero académico Julio Muñoz, la casa de estudios tuvo que adoptar una serie de medidas con tal de acotar los gastos y ajustarlos finalmente a su ingresos.
En este sentido, Jorge Muñoz, presidente de la Federación de Estudiantes y quien fuera detenido el día de ayer por Carabineros, indicó que, “la universidad está en una crisis desde hace año; estamos con nuestra instalaciones hipotecadas y viendo como se aplican durante el mes de mayo una serie de medidas muy sensibles a la comunidad universitaria, sobre todo despidos”.

Al respecto, su tocayo de apellido y consejero académico dijo que, “dentro de estas medidas, están por ejemplo, la suspensión de todo tipo de contratos a honorarios y con servicios externos. Este último ítem nos preocupa, pues el 30 de abril caducó el contrato con la empresa que presta servicios de aseo a la Universidad, y con ellos 33 personas dejaron de trabajar. Con esto se ha visto mermada la capacidad del actual personal por suplir estas funciones”.
En todo caso, los despidos o términos de contrato aún está en veremos, pues dependen de dos informes que debe emitir la comisión especial encargada para esta coyuntura. “Uno se refiere a la carga académica y otro a la administrativa, con lo cual se sabrá cuanto personal está de más”, contó el consejero superior, quien dijo que se presume y se teme que los despidos continúen.
Responsabilidades
Ahora bien, según Muñoz ya se han reconocido responsabilidades políticas, de ahí que Juan Abello, vicerrector de Administración y Finanzas, e Iván Navarro, vicerrector académico, hayan presentado su renuncia al rector Raíl Aguilar, cuestión que motivo que otras dos personas ocuparan sus cargos.

Pero ante las responsabilidades administrativas, el consejero académico aclaró que las debe determinar la Contraloría General de la República, que ya ha destinado a dos empresas auditoras para conocer la situación emitir conclusiones al respecto.
Finalmente, el presidente de la FEUL indicó que la manifestación de ayer es el comienzo de un movimiento que tiene como objetivo el impedir que las medidas que adopte la universidad ante la crisis afecten la calidad de la educación y los beneficios que los estudiantes tienen.
“Estamos haciendo un llamando a que el estado se haga cargo de la grave situación en la que se encuentra la educación pública en Chile. Lo hacemos a rostro descubierto y sin ánimo de acciones violentitas”, concluyó.