La asamblea nacional del Colegio de Profesores A.G., reunida en Santiago, los días 10 y 11 de enero del año en curso, y en conocimiento de la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Reforma Provisional, declara los siguiente:
1. Esta asamblea Nacional del Colegio de Profesores, máxima instancia de representación nacional del profesorado, que reúne a maestros de Arica a Punta Arenas, se ha manifestado unánimemente a favor de un cambio profundo del sistema de pensiones. No solamente hoy día. El Colegio de Profesores de Chile viene demandando hace tiempo la jubilación por años de servicio para los y las docentes del país; un plan permanente de jubilación indemnizada; el pago de la ley 3551 (deuda histórica). Nuestro gremio, al igual que otros, ve con preocupación el retiro de miles de docentes, los que son prácticamente empujados a salir del sistema, considerando que sus pensiones equivaldrían a un tercio de su renta como activos.
2. Por este motivo, entre otros, nuestro gremio ha exigido una reforma profunda al sistema de pensiones. Esto es, una reforma que asumiera la previsión social como un derecho y no como es actualmente, una responsabilidad de cada uno. Una reforma no para lucrar con el esfuerzo de millones de trabajadores, sino para asegurar pensiones suficientes para una vejez, a lo menos, digna. Una reforma en la que el Estado asuma un rol más protagónico.
3. El proyecto de ley aprobado por el Senado, en una sesión en la que el presidente de la Corporación – senador Eduardo Frei- negó el ingreso a los profesores y otros gremios, actitud que repudiamos y censuramos, mantiene lo esencial del sistema actual basado en la capitalización individual y la administración privada de estos ahorros, y se limita a universalizar las pensiones asistenciales. Pero ello es absolutamente insuficiente, ya que aquellos que percibirán pensiones sobre la pensión básica solidaria (PBS), que son la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, no recibirán ninguna mejoría sustancial de la reforma en discusión. La inmensa mayoría de los profesores, entre ellos, luego de una vida de entrega a la educación y de servicio al país, serán arrastrados a la pobreza absoluta o a la indigencia.
4. Al imponer los 65 años como edad obligatoria para acceder a los beneficios de las pensiones solidarias, se esta forzando al menos al 63% más pobre de las mujeres a jubilarse a esa edad. En el caso de las maestras se trata de una imposición inaceptable. Mientras nosotros aspiramos a la jubilación por años de servicio – dado el carácter del trabajo que realizamos – el gobierno y el parlamento a través de esta ley nos obliga a continuar trabajando, especialmente a las maestras, más allá de lo que es pedagógicamente conveniente y lo que humanamente merece cualquier docente.
5. Finalmente, constatamos que este proyecto de ley no asegura una tasa de reemplazo mínima del 70%, que es una consideración elemental y realista. Además, aumenta el límite de inversiones en el extranjero que pueden realizar las AFP con fondos de los trabajadores a la escandalosa cifra de 80%. O sea, mientras al trabajador el sistema de pensiones no le asegura el sustento para su vejez, le entrega recursos millonarios a los dueños de las AFP para especular y enriquecerse.
6. Por todo ello, los profesores representados en esta asamblea, rechazamos esta ley, que no cuenta con la aprobación del magisterio, ni de las demás organizaciones de trabajadores agrupadas en la CUT. Los parlamentarios deben rechazar este proyecto, si realmente representan o pretenden representar los intereses de las grandes mayorías. Los profesores nos mantendremos alerta y expectantes respecto de lo que ocurra con esta ley, no descartando movilizaciones junto a la CUT y otros gremios.